Las escuelas de formación llevarán al Parlament el escándalo de la patronal de comercio

La gestión de la crisis de la Confederación de Comercio de Cataluña (CCC), con un agujero de 4,5 millones de euros y el preconcurso de acreedores declarado desde el pasado 1 de julio, acabará ante el Parlamento. Los responsables de medio centenar de escuelas de formación quieren exponer su caso ante la cámara catalana y han empezado a mover ficha para reunirse lo antes posible con la consejera de Trabajo, Bienestar Social y Familia, Dolors Bassa, y la cúpula del Consorcio para la Formación Continua, encabezada por Ariadna Recotret.

La patronal les debe 1,6 millones de euros en concepto de depósitos de garantía y el salario de algunos profesores y quieren que el Govern se implique en forzar una salida a la crisis. Recuerdan que ese pasivo ha tensionado la tesorería propia de algunos centros.

Falta de decisiones

Por ahora, no han conseguido que nadie les ofrezca garantías de que recuperarán su dinero. La decisión de la actual cúpula de la patronal, liderada por Maria Rosa Eritja, ha enervado a las escuelas de formación, que critican la “actitud pasiva” de la secretaria general de la organización ante la peor crisis que ha vivido.

Ha enervado especialmente la decisión tomada tras el encuentro de la junta directiva de la CCC que ha tenido lugar este lunes. Eritja y el asesor jurídico de la entidad, Xavier Domènech, comunicaron a los afectados que no dejarían caer la confederación, palabras que se han interpretado como una negativa a presentar finalmente el concurso de acreedores. Pero ni siquiera se tomó una decisión firme sobre esta cuestión, denuncian los presentes en el encuentro.

Plan de viabilidad

Las escuelas de formación tampoco recibieron un plan de viabilidad, ya que hasta el próximo lunes no se les comunicará de forma oficial. Ese día se ha convocado un nuevo acto de protesta delante de la sede de la organización, ubicada en dependencias de Foment del Treball, la gran patronal catalana.

También se ha censurado la actitud de Foment y de la organización adscrita que representa a los intereses de las pymes, Fepime, por lo que considera que es un falta de implicación total en el escándalo de la CCC.

Fuentes de la gran patronal catalana aseguran que su margen de actuación es muy limitado porque su estructura es la de una confederación, aunque otros interlocutores cercanos afirman que si quisiera, la institución presidida por Joaquim Gay de Montellà podría tomar cartas en el asunto.