Representantes de medio centenar de escuelas de formación se han manifestado este lunes por la mañana ante la Confederación del Comercio de Cataluña (CCC) por el escándalo en la gestión del que fue secretario general de la organización los últimos 31 años, Miguel Ángel Fraile, que fue fulminado del cargo a principios de junio tras aflorar una deuda de unos 4,5 millones de euros de difícil explicación.
Los centros afectados que han decidido salir a la calle acumulan entre todos una deuda de 1,6 millones de euros que corresponde a los “depósitos de garantía y a los salarios de algunos profesores”, ha manifestado el portavoz, Luis Yubero del centro Carme Mateu de Blanes (Girona). “Necesitamos cobrar”, añade, ya que las facturas pendientes de la patronal han puesto en aprietos económicos a algunas escuelas.
Opacidad en la gestión de la crisis
Recuerda que las partidas que se les adeudan son fondos públicos que estaban exclusivamente destinados a este fin y no a cubrir costes orgánicos de la Confederación de Comercio, como parece ser que ha ocurrido.
Este extremo molesta especialmente a los propietarios de los centros formativos. Denuncian la opacidad en la gestión de la crisis de la ejecutiva liderada por la sustituta de Fraile, Maria Rosa Eritja, que declaró el preconcurso de acreedores de la organización, reconoció el pasivo y dejó en el aire la gestión del conflicto hasta este lunes, cuando convocó en la sede de la patronal un encuentro de a junta directiva en la que también estarán presentes los afectados (entre ellos las escuelas de formación) para definir un plan de reestructuración.
Acciones legales contra Fraile
¿Es viable la CCC? La opción de ir finalmente a concurso está sobre la mesa. La propia Eritja la ha defendido en varias ocasiones por el precario estado financiero, aunque no la ha llegado a ejecutar.
Los presentes en el encuentro también deberán analizar si se emprenden acciones legales contra Fraile por una presunta malversación de fondos públicos, ya que existe una auditoría de la entidad en la que aparece un desvío de fondos en la partida de ingresos que apunta directamente al exsecretario general. Su esposa, Rosa Maria Serrano, era la responsable de esa parte de la gestión de la CCC.
Implicación de Fepime y la Generalitat
Además de cargar contra los gestores de la entidad, las escuelas de formación también señalan a Fepime, la patronal de pymes a la que están adscritos los comerciantes, y a la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia por la pasividad con la que presuntamente han abordado el escándalo.
“Es importante que todos se impliquen para encontrar una solución”, sentenció Yubero.