La investigación sobre los tejemanejes que existieron hasta hace tres años en el tercer sindicato catalán, USOC, ha salpicado a la actual número uno de la organización, María Recuero.

La Fiscalía señala que existen indicios de que la antigua secretaria general de Industria habría “cobrado su salario de manera irregular” durante el periodo en el que se concentraron las actuaciones fraudulentas de la comisión ejecutiva que dimitió en bloque en 2013 y que llegó a participar en expedientes de regulación de empleo irregulares.

De hecho, en el último año y medio los Mossos d’Esquadra han vigilado las comunicaciones que mantenía para saber el alcance en su implicación en los delitos que detectados en el sindicato. Han interceptado conversaciones en las que queda claro de que Recuero tenía intención de terminar con las prácticas fraudulentas, pero con discreción y poco a poco, sin cargar las tintas contra su antecesora en el cargo ni llegar a denunciar hechos que considera reprochables, según las conversaciones mantenidas.

Antonia Gil y Francisco Giménez

En el centro del caso Astrea se encuentra Antonia Gil, secretaria general de USOC desde 1998 hasta 2013, y su marido, Francisco Giménez, administrador de varias sociedades en la órbita del sindicato que se usaron presuntamente en varias ocasiones como sociedades pantalla para desviar fondos a un destino desconocido.

No se trataba de recursos propios de la organización. Fiscalía y Mossos d’Esquadra detectaron que se usaban subvenciones europeas, estatales y autonómicas, para fines muy distintos a los oficiales. Se conseguían a través de Aula de Formación Profesional y Estudios Sociales (ADPES), la “gallina de los huevos de oro” según Gil.

El estado actual de la instrucción aún no ha determinado la cuantía exacta que se derivó, aunque los primeros informes de la Fiscalía de Sabadell, de marzo de 2015, describen una operativa en la que se alcanzarían cifras millonarias.

Gastos de personal y actuaciones controvertidas

Las subvenciones recibidas se usaban principalmente para cubrir el gasto del personal sindical y laboral de USOC, según las pesquisas iniciales. Con todo, se han detectado otras actuaciones más controvertidas cuyo fin no sería usar fondos públicos para formación sino mantener la estructura orgánica de la entidad.

El Ministerio Fiscal habló en su primer informe de un acuerdo comercial de 2002 auspiciado por Giménez entre la cooperativa de vivienda de USOC que presidía y la sociedad Gestió Integral de l’Habitatge (GIH), integrada también en el sindicato. Esta última asesoraba a la cooperativa a la razón de una comisión del 33%.

Testaferros

GIH se vendió en 2011 a Montserrat Yborra, “probable persona interpuesta o testaferro” según la investigación, por un euro. Antes de la operación se ejecutó una reducción de capital de 699.983,20 euros.

Antonia Gil había aprobado el incremento del salario de algunos miembros de la comisión ejecutiva del sindicato en época de crisis económica en USOC. Todo ello, ayudado por una “opacidad contable cuyo propósito no era otro que dificultar posibles investigaciones que descubrirían cómo, efectivamente, derivaban importes económicos allá donde en cada momento hiciera falta”.

Expediente falso

La secretaria general actuaba con manga ancha en la organización y se rodeó de colaboradores fieles, como el que era su secretario de organización y encargado del control económico, Amadeu Caymel. Él comunicó a los trabajadores de USOC que se debían acoger a un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) con el objetivo de reducir el 70% del coste de la masa laboral del sindicato y continuar con sus obligaciones y responsabilidades.

Completaban la diferencia entre el subsidio que les correspondía y el salario con aportaciones de USOC en forma de dietas (se sospecha que estas partidas también eran subvenciones) y se despidió a los dos empleados de la organización que no quisieron participar en el expediente falso. La ejecutiva llegó a justificar ante Inspección de Trabajo que las personas afectadas “podrían seguir trabajando en el sindicato como voluntarios” a cambio de que se “cubrirán sus gastos”.

120.000 euros de la Seguridad Social

Fiscalía calculó en marzo de 2015 que USOC “no solo llevó a cabo un ERTE de forma ilegal, sino que provocó que la Tesorería General de la Seguridad Social realizara una compensación económica bruta de 120.116,94 euros a los trabajadores que estaban afectados”

Repitió el procedimiento en empresas asociadas. Entre los trabajadores afectados se encontraba la actual secretaria general.

Declaración ante el tribunal

El caso Astrea se investiga en el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona. Las diligencias previas han concluido y la magistrada de la sala deberá empezar a llamar a los implicados para que declaren ante el tribunal,lo que sucederá después del verano.

La actual comisión ejecutiva de USOC, encabezada por Recuero, mantiene desde que estallara el caso su total colaboración con la justicia para que salgan a la luz todos los tejemanejes de la antigua dirección. Recuerda que los principales implicados se han desvinculado de la organización y piden celeridad a la sala.