El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, aseguró este miércoles que no ha hablado ni con vicepresidente de la Comisión Europea, Vladis Dombrovskis, ni con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, sobre la posible sanción a España por superar el objetivo de déficit de 2015 “porqué no la va a haber”.
Sin medias tintas, fuentes del Ministerio indicaron que en el encuentro que De Guindos manutvo con los dirigentes europeos se abordaron los escenarios presupuestarios de España y su compatibilidad con el actual procedimiento por la elevada deuda pública que se arrastra, sin poner ni siquiera sobre la mesa la posible sanción. El Gobierno está convencido de que no se producirá y ni plantea cualquier otro escenario, indicaron los mismos interlocutores.
Estados divididos
El encuentro se enmarca en los “contactos habituales” del ministro con dirigentes comunitarios, añadieron los mismos interlocutores, por lo que son “concluyentes” con la cuestión que se analizará este jueves.
Los Estados miembro están divididos sobre si se debe multar económicamente o no a España y Portugal por el incumplimiento. Alemania y Holanda defienden la sanción, mientras que Francia e Italia son los que defienden de forma más vehemente que ese no es el camino correcto en un momento en el que ambos países empiezan a pasar página de la crisis económica.
Credibilidad vs crecimiento
“En el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) aplicamos las normas de manera inteligente, teniendo en cuenta las reformas y esfuerzos fiscales realizados hasta ahora”, manifestó Dombrovskis en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Avisó, con todo, que no había ninguna decisión tomada al respecto en firme y que era necesario “fortalecer nuestra credibilidad y nuestros fundamentos de crecimiento”.
La cuestión esta en el aire y podría implicar consecuencias graves para el país. Si Bruselas certifica que existió una “falta de acción efectiva” al intentar alcanzar el 4,2% del déficit público en 2015 --la cifra final, sin contar las ayudas del sistema financiero, fue del 5%-- se desencadenaría un procedimiento con una sanción equivalente al 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros, y la congelación de una parte de los fondos comunitarios que recibe el país.
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