Standard & Poor’s (S&P) dio un toque de atención a los planes de reducción del déficit español al asegurar que las comunidades autónomas no cumplirán con los objetivos fijados por el Gobierno central hasta, como pronto, 2018. La agencia de calificación indicó que reducirán gradualmente su desequilibrio fiscal negativo agregado, pero de una forma insuficiente para alcanzar las metas marcadas.

En el escenario base, la agencia prevé un déficit conjunto del 1% del PIB en 2016. Esta cifra se reducirá a un ritmo de tres décimas en 2017 y 2018. Se queda lejos del 0,7% que contempla el plan estatal para el ejercicio en curso, el 0,5% en 2017 y alcanzar el 0,3% en 2018.

Se trata de un correctivo muy severo si se tiene en cuenta que el déficit agregado de las autonomías se situó en el 1,7% al cierre del año pasado.

Más ingresos operativos

La agencia de calificación señala que las regiones mejorarán sus ingresos operativos el 7% este año y que el avance oscilará en el 4% entre 2017 y 2018, cuando se alcanzarán finalmente las cifras anteriores a la crisis. Los analistas indican que ese “crecimiento de los ingresos cada vez más dinámico” provoca que se espere una “pronunciada caída en el déficit agregado para las regiones en 2016”.

Se aprovechará para incrementar “de forma modesta” los gastos no financieros tras años de ajustes, principalmente en inversiones. De este modo, se dará un impulso a los servicios de bienestar social e infraestructuras con el fin de reactivar la economía.

Partida estabilizada en el 3,3%

En cifras, S&P estima que los gastos operativos sin incluir intereses anuales incrementarán el 1,1% en el ejercicio en curso; el 1,8% en 2017 y el 2,5% en 2018. Sobrepasará de este modo las expectativas de una caída del IPC del 0,2% en 2015 a un crecimiento del 1,4% y el 1,2% en los dos siguientes.

Finalmente, la partida se estabilizará en torno al 3,3% “tras alcanzar el 6,7% en 2014, a pesar del incremento previsto en la deuda”. La agencia relaciona directamente la contención de los costes de financiación con la decisión del Gobierno central de conceder créditos a intereses excepcionalmente bajos, un reflejo de sus costes de financiación.

Deberes al futuro Gobierno

El escenario no es pesimista, aunque los analistas de S&P contienen la alegría al poner deberes al Gobierno de España. Si quiere alcanzar los déficits previstos por Bruselas, o deberá ejecutar de forma definitiva las reformas del sistema de financiación regional o aplicar medidas extraordinarias de alivio para la deuda de las regiones más apalancadas que lastran todo el sistema.

“Lo último sería una opción, ya que estimamos que la mitad del pasivo regional es adeudada al Gobierno central”, sentencia S&P. Los analistas advierten que la inestabilidad política que se vive en el país pasa factura a alcanzar una decisión en este sentido. Eso sí, deja claro que “cuanto más tiempo se pospongan las reformas serán menores las posibilidades de una reducción significativa de la deuda regional”. Y eso es un problema para todo el sistema.