La Generalitat tiene vía libre para lanzar una nueva ley de ITV

La Generalitat tiene vía libre desde hace más de una semana para empezar a dar forma a la nueva ley que regulará el mapa de las estaciones de ITV en el territorio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resolvió el pasado 22 de junio la última de las siete causas que tenía abiertas contra la norma de 2010 y marca así las últimas directrices a la consejería de Empresa y Conocimiento, liderada por Jordi Baiget.

El periplo judicial que ha enfrentado a operadores del servicio contra el Gobierno catalán, contra la norma anterior y entre ellos no marcaba que se tuviera que dejar sin efecto la legislación anterior, valía con una adaptación. Pero ya en la segunda legislatura de Artur Mas, cuando Felip Puig encabezaba el departamento de Empresa y Ocupación, se decidió dejarla sin efecto y empezar desde cero por todas sus derivadas.

‘Caso ITV’

La ley de las ITV catalana nació con mal pie. Tiene la firma del último Gobierno tripartito en Cataluña, la diseñó ERC, pero la aplicación real quedó en manos del primer Ejecutivo de CDC. Se esperaba el litigio, ya que la competencia en las inspecciones técnicas de vehículos está regulada.

Se delimitan zonas de influencia y se reparte la operatividad en las compañías más preparadas. El problema fueron las consecuencias legales más allá de ello. Lo que debía ser un reparto de estaciones acabó dando nombre al caso ITV, la primera macrocausa que vinculaba presuntas prácticas corruptas con el Gobierno de Artur Mas y que afectaba directamente a la familia Pujol.

Pacto de conformidad

En la instrucción judicial salieron a la luz los tejemanejes ilícitos emprendidos por el hijo y delfín del expresidente de la Generalitat, Oriol Pujol, junto a su amigo íntimo Sergi Alsina que implicaban incluso a su mujer, Anna Vidal. Ahora, todos ellos están a la espera de alcanzar un pacto de conformidad en el que asumirán los delitos a cambio de una reducción de las penas.

No llegaron a sacar tajada con la concesión de estaciones, pero fue una de las iniciativas que tenían sobre la mesa. Especialmente por el intento de crear un sistema parecido al de las ITV para la certificación energética de inmuebles, un negocio que nunca llegó a buen puerto.

Cuestión de confianza

Por todo ello, la Generalitat pretende pasar página y empezar desde cero. En la sentencia de la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJC publicada el 22 de junio, los magistrados toman una decisión salomónica y dan la razón parcial tanto a OCA Inspección Técnica de Vehículos, la empresa que interpuso el primer recurso, y Applus Iteuve Technology y Certio ITV, las compañías que habían ganado varios lotes del contrato catalán cuyos argumentos también fueron tenidos en cuenta por los jueces.