La Comisión Europea elude fijar una fecha exacta sobre una gran decisión que debe tomar “a principios” de este mes: si sanciona o no a España y Portugal por el desvío presupuestario de 2015. Con la resaca del Brexit y todas las incertidumbres que ha generado de telón de fondo y tras los rumores de las últimas horas, el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein, pidió este lunes “paciencia” sobre la cuestión.

“El 18 de mayo dijimos que analizaríamos la situación fiscal de España y Portugal a principios de julio y eso es lo que vamos a hacer” manifestó en un encuentro con los medios en Estrasburgo. El debate formal no estaba incluido en la agenda de la reunión de comisarios de este martes en Francia, aunque los interlocutores comunitarios aseguraron que “no tendría sentido” demorar la decisión después del 12 de julio.

Encuentro del Ecofin

El martes de la próxima semana se celebra un encuentro de los ministros de Economía y Finanzas de la UE  y antes se debe determinar si existe o no una “falta de acción efectiva” de las Administraciones española y portuguesa. La aprobación del Ecofin es requisito burocrático para que la cuestión evolucione.

Según las normas de la UE, una vez Bruselas determine si eso supone una falta, el Ecofin debería ratificarla y pedir de nuevo a la Comisión que propusiera la sanción que le correspondería en como mucho 20 días. España podría pagar hasta 2.000 millones de euros por terminar el ejercicio con un 5% de desfase del déficit público según el PIB, frente al compromiso de llevarlo al 4,2%.

Discrepancias en la Comisión

No es necesario que se reúna el colegio de comisarios para tomar la decisión, por lo que se espera que la Comisión anuncie su postura formal antes de que termine la semana.

Si no ocurriera así, la decisión formal de los ministros de finanzas se retrasaría hasta octubre ya que en septiembre se sentarán en una sesión de carácter informal en la que no será posible aprobar conclusiones. Bruselas ya retrasó en mayo la toma de esta decisión. Ganó más tiempo por la división interna, ya que los socialistas europeos han amenazado en incluso romper el pacto de Gobierno con Jean-Claude Juncker si finalmente se decide interponer una sanción.