Una imagen de archivo de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia desde mediados de 2012.

Una imagen de archivo de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia desde mediados de 2012.

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Nueve colegios de abogados podrían haber inflado las costas del 'caso Bankia' en 150 millones

La Comisión de la Competencia investiga si estos organismos tasaron sobrecostes en las demandas a sabiendas de que eran reiterativas y no individualizadas

22 junio, 2016 18:58

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente sancionador a nueve colegios de abogados de toda España por presunta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia al haber aplicado sobrecostes en el cálculo de las tasas de las demandas contra el proceso de salida a bolsa de Bankia.

Los colegios de abogados afectados, cuyo número se podría ampliar durante el proceso de investigación, son el de Valencia, Barcelona, Ávila, La Rioja, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, A Coruña y Sevilla, ha informado este miércoles en un comunicado.

"Conductas prohibidas"

Tras una denuncia de Bankia, el regulador ha observado "indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas" respecto a recomendaciones de precios por parte de los colegios de abogados mediante la elaboración y publicación de criterios orientativos de tasación de costas, sin tener en cuenta la existencia de pleitos masivos idénticos o muy parecidos entre sí.

Fuentes de la CNMC han explicado a Europa Press que no se puede cobrar lo mismo por demandas repetitivas que por una individualizada, ya que los costes de preparación del caso solo se pueden imputar una vez.

Unos 150 millones de más

La denuncia de Bankia calcula que está soportando un sobreprecio en la liquidación de costas procesales en el marco de su Oferta Pública de Suscripción de acciones de 2011 de más de 150 millones de euros.

La CNMC ha recordado que la apertura de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación, que inicia ahora un periodo máximo de 18 meses para su instrucción y resolución.