Sol Daurella, la gran dama de Coca-Cola en Europa, no consigue dar carpetazo al conflicto laboral que marcó el nacimiento de la gran embotelladora en España, tutelado desde el inicio por su mano derecha, Víctor Rufat: el enfrentamiento con los trabajadores de la planta de Fuenlabrada (Madrid). La Audiencia Nacional deberá resolver en cuestión de semanas una súplica que presentaron los representantes legales de los Daurella que ha puesto de nuevo en pie a la plantilla.

“El verdadero objetivo es modificar los salarios de la planta”, indica el portavoz del comité de empresa, Juan Carlos Asenjo (CCOO).

Cargas de trabajo y retribuciones

En el escrito que Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) ha remitido el juez, firmado por el bufete Sagardoy Abogados, se busca reordenar las cargas de trabajo para cubrir las necesidades actuales de la factoría, transformada en centro logístico. También se reclama una revisión de las cantidades económicas que los empleados devolvieron en septiembre al ser readmitidos por orden del Tribunal Supremo.

Según los cálculos de los sindicatos, cada trabajador debería retornar unos 8.000 euros a CCIP si así lo contemplan los magistrados.

Qué cantidades deben devolver

Esta cantidad se calcula con los los intereses desde que fueron indemnizados hasta que regresaron a la planta tras ser anulado el ERE de la embotelladora, varios salarios de tramitación, compensaciones contenidas en el convenio colectivo y una parte de los salarios que empezaron a percibir tras la reincorporación.

Los responsables de la embotelladora piden a la Audiencia que determine si se deben “consolidar pluses que venían percibiendo de modo variable en función de si realizaban una serie de actividades (turno de noche…) sin que el convenio colectivo regulase la frecuencia de su realización”, indican en el escrito.

Negociación fallida

Argumentan, asimismo, que se ha intentado negociar con el comité de empresa para buscar un acuerdo sobre el retorno de estas partidas sin éxito, algo poco probable por el nivel de tensión que persiste en Fuenlabrada entre dirección y plantilla.

“No ha sido posible llegar a un entendimiento sobre estos conceptos, optando los trabajadores por compensar y retener unilateralmente sin el consentimiento de la empresa las cantidades que a su entender son injustas”.

48 empleados ‘multifunción’

El reparto de las cargas de trabajo entre los 172 empleados también es pasto de conflicto, ya que CCIP contempla que 48 personas ejerzan una tarea de multifunción. Es decir, que adapten sus jornadas según las necesidades del momento entre varios departamentos.

Los trabajadores sospechan de que CCIP pretende cerrar Fuenlabrada tras el parón de actividad en agosto, mientas que fuentes cercanas a los representantes legales del grupo indican que la súplica presentada es un paso más de la estrategia legal. Indican que se trata de una acción normal para acabar de cerrar algunos temas pendientes tras la reapertura del centro de trabajo.

“En reiteradas ocasiones CCIP ha ofrecido como vía de solución someter la controversia a un Arbitraje, que ha sido rechazado por la representación legal de los trabajadores”, asegura que el grupo en el escrito judicial. Al final, será de nuevo la Audiencia Nacional quien tenga la última palabra en Fuenlabrada.