Los tribunales de Andorra, la Batllia, han admitido a trámite la demanda conjunta que presentaron los representantes legales de la Plataforma de Afectados de BPA contra la pérdida de valor de 45 millones de preferentes en el proceso de venta del banco. La inversión que habían realizado al adquirir el papel se depreció hasta valer cero tras la toma de control pública de la entidad en marzo de 2015.
El plan de reestructuración de BPA antes de venderlo a un tercero, el fondo buitre JC Flowers, incluyó la amortización total de las acciones preferentes y de la deuda subordinada. Fue en este trámite cuándo su valoración se quedó en cero sin que los clientes vieran un euro. Sus representantes legales esperan que, a lo largo del proceso judicial, se demuestre que su puesta en marcha no se ajustó a derecho por lo que se abriría la puerta a una indemnización o a la recuperación del valor previo a la desvalorización.
Responsabilidades
Los mismos interlocutores recordaron en su día que antes de que el banco andorrano fuera intervenido tras ser acusado por el Tesoro de EEUU de blanquear capital, algo de lo que la institución se ha retractado casi un año después, las acciones preferentes tenían un valor nominal “correspondiente a una entidad solvente y con los balances saneados”.
Desvinculan las consecuencias de los particulares de los gestores de la entidad. De hecho, los accionistas mayoritarios de BPA, la familia Cierco, han abierto causas tanto en los tribunales del Principado como en los de España y EEUU para demostrar que la intervención se ejecutó de forma precipitada. La última acción legal se ejecutó este mismo jueves, cuando se reclamó en los tribunales andorranos al Gobierno de Antoni Martí 365 millones por haber presuntamente destruido la entidad con una actuación negligente y desproporcionada.
Demanda de daños y perjuicios
Los clientes de BPA también han cargado contra los gestores públicos de la entidad tras la intervención, tanto el Gobierno del Principado como la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), en los tribunales.
De forma paralela a la causa sobre las preferentes, más de 400 clientes que representan unas 200 cuentas exigen daños y perjuicios por haber sufrido la limitación de retirada de efectivo durante más de un año --que aún está vigente-- y una resolución final que pende de un hilo y que provoca que ellos no puedan operar con normalidad. La Batllia aún no se ha pronunciado sobre si acepta o no a trámite esta demanda.