Daurella, la gran dama europea de Coca-Cola, de nuevo al juzgado por Cacaolat

Sol Daurella, empresaria y líder europea de los embotelladores de Coca-Cola, deberá dar cuenta de nuevo ante los tribunales sobre cómo el grupo que encabeza adquirió la marca y los activos industriales de Cacaolat y si en ese proceso mercantil cometió o no algún delito. La mujer de negocios catalana deberá responder ante la justicia a la par que pone en marcha su gran proyecto: el nuevo gigante continental de refrescos, Coca-Cola European Partners.

La nueva sociedad estrena su cotización en las bolsas de Nueva York, Londres y Amsterdam este martes. Así lo ha anunciado tras lograr la fusión de Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners y Coca-Cola Erfrischungstgetränke GmbH. El conglomerado controlado por la acaudalada barcelonesa tendrá una facturación de 10.976 millones de euros y un Ebitda de 1.825, según la información presentada ante la SEC estadounidense.

¿Estafa procesal?

Pero a la par que Daurella explica los éxitos de su gestión y pasea su iniciativa por la City londinense, la esposa de Carles Vilarrubí tendrá que preparar de nuevo su defensa ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. Allí se investigará si hubo estafa procesal, administración desleal y delito contra los trabajadores en la adquisición de la marca y los activos industriales de Cacaolat desde el grupo que encabeza. 

No será la primera vez que la empresaria rinda cuentas ante la justicia por aquella operación de compra que tuvo lugar en 2011. De hecho, la potencia de defensa jurídica de Daurella logró que el juzgado de instrucción número 8 de Zaragoza, en el que se instruyó una querella presentada por los representantes de los trabajadores, decretara el sobreseimiento del caso.

Concentración industrial en Barcelona

Los representantes de la plantilla de la planta de Utebo (Zaragoza) consideran que los nuevos propietarios jamás tuvieron interés en mantener esa factoría de lácteos abierta cuando se adjudicó en subasta judicial los restos de la maltrecha Cacaolat. Aquel fue un proceso que lideró el juzgado mercantil número 6 de Barcelona. 

Un magistrado aragonés, el titular del número 8 de instrucción, determinó que no existían pruebas de delito, aunque el centro industrial se había cerrado dos años más tarde, en 2013. La producción se concentró toda en una nueva factoría con sede en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Ahora, tras el exitoso recurso del contingente laboral, la Audiencia Provincial da la razón a los empleados de que el caso debe seguir investigándose.

Sobreseimiento prematuro

Sin prejuzgar el resultado de fondo, esta instancia judicial de la capital aragonesa actúa para garantizar la defensa de la plantilla de Utebo. Aunque señala que no se han probado “indicios de delito”, considera prematuro que se acepte el sobreseimiento hasta que los denunciantes pidan todas las pruebas y realicen las testificales necesarias en defensa de sus argumentos.

El grupo encabezado por Daurella se adjudicó Cacaolat en 2011 --y del que formaba parte la cervecera Damm y Luis Victory, un intermediario-- por unos 70 millones de euros. Para ello presentó un plan industrial que se comprometía a mantener abiertas todas las instalaciones industriales de producción. En 2013, sin embargo, se decidió el cierre de Utebo, dedicada a producir leche condensada, y se concentró en Barcelona toda la fabricación de batidos.

Adjudicación incumplida

El juzgado número 8 de Zaragoza ya interrogó a la líder europea de Coca-Cola y otros directivos de la compañía adjudicataria, entre ellos su mano derecha Víctor Rufart. También acudieron los representantes de los trabajadores de la factoría para acreditar que se habían incumplido los acuerdos de adjudicación.

“Nos hicieron muchas promesas y se le concedió a pesar de que había muy buenos proyectos industriales de Central Lechera Asturiana o de Calidad Pascual. En febrero de 2012 se hicieron con la planta y en junio de 2012 hicieron un ERE para el 50% de la plantilla. En octubre de 2013 cerraron. Prometieron 4 millones de euros de inversiones para competir y desde el día 1, y nada”, sostenía en su día Pablo Sanz, uno de los portavoces de los trabajadores de Utebo.

Un planteamiento contrario

Daurella y su equipo mantuvieron en aquella ocasión que se habían realizado inversiones por valor de cuatro millones de euros y que se intentó hacer viable la planta durante dos años, sin éxito. También sostuvieron en su descargo que se llevó a cabo un proceso ordenado de los empleados del centro mediante un expediente de regulación de empleo pactados con la representación sindical.