Los grupos de la oposición han considerado insuficientes las explicaciones dadas por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, sobre la “chapuza” que supuso la adjudicación de ATLL a la empresa Acciona para gestionar las aguas públicas. El líder de CSQP, Lluís Rabell, ha calificado la respuesta del Govern como “una comedia de adolescentes”, lo que ha provocado la indignación de Rull, quien ha defendido la labor de los servicios jurídicos de la Generalitat y ha asegurado que la sanción de cuatro millones impuesta a ATLL es de las más altas que se puede hacer a una empresa concesionaria.
Los diputados del PSC y de la CUP, Jordi Terrades y Mireia Boya, han reclamado ir más allá de esa multa y solicitan que se revoque la privatización del servicio. Los socialistas son los impulsores de una reforma legal que va en ese sentido y que sigue su cauce parlamentario, después de que el Pleno de la Cámara catalana diera luz verde a la misma.
Boya ha asegurado que el precio del agua ha subido y ha instado al consejero que “siga el camino marcado por la Oficina Antifraude para que la ATLL vuelva a ser una empresa íntegramente pública”.
Por parte de Ciudadanos y PP, los diputados Marina Bravo y Santi Rodríguez, respectivamente, han cuestionado que el consejero restara importancia a que el Govern no estableciera los mecanismos de control necesarios para garantizar la corrección de la gestión.