La familia Cierco, los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), abrió este lunes la enésima causa judicial para recuperar el control de la entidad. Tal y como habían anunciado, han presentado una demanda ante la Batllia, los tribunales del Principado, en la que reclaman que se suspenda el proceso de venta de la entidad a un fondo buitre, JC Flowers.

También han elevado una consulta al Tribunal Constitucional sobre las decisiones que ha tomado la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) en la gestión del banco. “Mientras no se resuelva la nulidad o anulabilidad de la resolución impugnada”, los denunciantes piden que se suspenda el traspaso de activos de BPA a Vall Banc y la posterior venta al fondo estadounidense “vistos los graves e irreparables perjuicios económicos que se están gestando”.

Presunta opacidad y secretismo

Según los Cierco, el proceso de venta ha estado “precedido de gravísimas vulneraciones legales y constitucionales que ya no solo perjudican a los accionistas si no también a muchos de los clientes del banco”. Denuncian que el Gobierno del Principado ha actuado con “opacidad” y “secretismo” y que en incluso ha ido contra las resoluciones que ellos mismos habían aprobado sin informar a los accionistas del banco.

Entre los ejemplos de las “graves deficiencias, carencias, errores y contradicciones de todo tipos”, resaltan que se han “liquidado posiciones de los clientes no traspasables y se bloquean las cuentas de BPA sin ninguna base o apoyo legal” a partir de una “revisión que la propia resolución de la AREB reconoce que no tienen ningún valor ni ético ni jurídico”.

Misma valoración económica

También afean que un año después de la toma de control público del banco la valoración económica de la entidad sea la misma. “No existe ni la más mínima variación en las cifras con todos los movimientos que seguro que ha habido”, añaden. Entre ellos, el canje de bonos públicos para compensar el pasivo que mantiene con Crèdit Andorrà, Andbank, MoraBanc y Banc Sabadell d’Andorra.

Sobre la Ley BPA, la norma que el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, diseñó para tomar el control del banco cuenta con preceptos “inconstitucionales” en los que AREB incidió con su gestión. Los denunciantes mantienen que se trata de una iniciativa legislativa “perjudicialmente retroactiva y que restringe los derechos individuales” ya que prohíbe a los accionistas o acreedores de la entidad en resolución “reclamar ningún derecho respecto a los activos, derechos o pasivos transmitidos”.

Informes sin publicitar

Además, se pone en duda que exista realmente un informe del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) que avale la venta de BPA al fondo buitre ya que el documento “nunca ha sido publicado ni ninguno de los afectados ha tenido acceso a él”.

La demanda incide en que ni el Gobierno de Antoni Martí ni la AREB han publicado los informes que avalaran sus decisiones porque “se decidió optar por la resolución de BPA cuándo el escenario más favorable podría haber sido la reestructuración”.

Causas pendientes

Denuncian, asimismo, que se ha ido en contra de su derecho de defensa por la “falta de transparencia, de claridad y de información fidedigna”.

La nueva causa penal en la Batllia se une a los procesos que ya se han iniciado en España y en Estados Unidos para recuperar el control de la entidad. Por el momento, todas ellas pendientes de resolución.