Los trabajadores de Altom Wind y Alstom Power en Cataluña empezarán a negociar con General Electric el próximo lunes las condiciones de salida de 178 empleados de la sede central de la división eólica, situada en el barrio de la innovación de Barcelona, el 22@, y la planta de producción de Cornellà del Llobregat (Barcelona), que se cerrará.
La plantilla trabaja desde hace semanas en recabar los apoyos necesarios para presentarse fuertes ante la multinacional estadounidense y conseguir, como mínimo, rebajar los despidos. En el disparo de salida de la negociación los sindicatos que participarán en la mesa lamentan la posición del consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, que se ha envuelto en la bandera independentista ante el conflicto laboral.
Respuestas “insuficientes”
El departamento ha atendido en varias ocasiones a los trabajadores, que le han comentado lo que implicaría para Cataluña el desmantelamiento por la puerta de atrás del centro de 22@, una de las compañías con más valor añadido tecnológico y de innovación centrado en desarrollar nuevas aplicaciones de energía eólica. Entre otros, gracias a los ingenieros catalanes que trabajan allí Alstom contaba con generadores offshore, instalados en el centro del mar. Pero Baiget les ha dado respuestas “claramente insuficientes” en todo el proceso, incluso por escrito ante la Mesa del Parlamento.
El consejero ha contestado a dos preguntas parlamentarias durante el proceso sobre la posición de la Generalitat ante la inminente reestructuración. De entrada, afirma que “la capacidad de respuesta por parte de las administraciones” ante un camino como el iniciado por General Electric “debe ser velar por la adecuación del proceso a la normativa vigente y para garantizar el derecho de los trabajadores afectados”.
Reforma energética, la culpable
A partir de esta reflexión, un ejercicio de realismo del margen de maniobra real que tiene la Generalitat, según fuentes cercanas a Baiget, el titular de Empresa señala a Madrid como culpable de la situación de los trabajadores de Alstom. “Las causas que han llevado a esta situación no son nada ajenas al entorno regulatorio derivado de la reforma energética del Gobierno del Estado”, indica en el primer escrito publicado el pasado 11 de abril.
El consejero asegura que fue el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy el que “redujo la instalación de potencia eólica en particular y de las renovables en general a España a niveles testimoniales” y que este entorno “difícilmente encaja con la estrategia de General Electric, que quiere priorizar la producción cerca de los centros de consumo”.
Biomasa: la solución de la Generalitat
Existe un segundo documento en el que titular de Empresa añade que “también ha sido muy negativa la normativa del Gobierno central relativa al autoconsumo eléctrico”, otro lastre para la viabilidad del sector de las renovables en Cataluña.
“Esta parálisis del sector de la generación eléctrica con fuentes renovables ha dejado muy poco margen al Gobierno de la Generalitat para potenciar la industria de las energías renovables en Cataluña”, justifica Baiget en el segundo documento para hacer seguidamente gala de la estrategia que aprobó en febrero de 2014 el Ejecutivo de Artur Mas para “promover el aprovechamiento energético de la biomasa forestal y agrícola”.
Esfuerzos en movilidad eléctrica
El consejero detalla los objetivos que se perseguían con el programa, que se mantienen un año después de su puesta en marcha, y recuerda los esfuerzos de la Generalitat en impulsar la movilidad eléctrica.
La plantilla de Alstom en Cataluña ha recibido como un jarro de agua fría ambos escritos. Fuentes sindicales aseguran que Baiget debería mostrar de forma más clara un firme compromiso de intentar mantener el know how de la división de Wind en Barcelona y que la Generalitat ya se debería haber movido a nivel europeo para defender sus intereses.
Inicio de la negociación
Le reprochan que no haya ido más allá de anunciar que tiene previsto sentarse con el presidente del grupo General Electric y mantener “dos reuniones más para coordinar las actuaciones con el Ministerio de Industria y el Gobierno de Navarra, ya que la planta navarra también está afectada por el proceso de reestructuración”, tal y como reconoce Baiget en el documento entregado a la Mesa del Parlament.
“No parece que quiera hacer nada”, sentencian los sindicatos.