La morosidad enfrenta a los grandes empresarios y el lobby que lucha para denunciar situaciones abusivas, como los retrasos superiores a los 300 días que imponen algunos de los grandes nombres del Ibex.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha puesto en su punto de mira a las cotizadas, ya que asegura que son las peores pagadoras. Ha puesto los datos sobre la mesa y señala la disonancia entre las retribuciones que se recogen en los informes de auditoría y los plazos reales.

¿Cómo explican los responsables --las auditoras-- de fiscalizar las cuentas discordancias como, por ejemplo, las de Ferrovial, cuya auditoría apunta a que pagan a 48 días y los proveedores la sitúan en cabeza de las empresas que tardan más en pagar, con 536 días? La realidad es que se hacen el muerto.

Sin necesidad de cambiar

Crónica Global se ha puesto en contacto con las filiales de los grandes grupos de auditoría que operan en el país y todos, sin excepción, han declinado ni siquiera comentar la metodología que usan sus técnicos para comprobar que las facturas de proveedores de las empresas auditadas se abonan realmente en los plazos que dicen las compañías.

Esos retrasos son letales para el tejido pyme español, según la PMcM, liderada por Antoni Cañete, porque debe cargar con los intereses de la financiación.

La patronal del sector, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), es consciente del problema. De hecho, en los próximos días la comisión técnica y de calidad de la organización abordará el debate.

Sí que han hablado, bajo condición de anonimato, algunos grandes empresarios. Todos reconocen que para conseguir los grandes beneficios que se exigen desde el mercado incluso en un momento de crisis como la que se ha vivido en España usan este tipo de fórmulas. Más que implementarlas, no han cambiado los plazos de contabilidad porque no ha sido necesario ni nadie se lo ha requerido.  

Retrasos sin intereses

La Ley contra la Morosidad que está vigente desde hace años en España no incluye ningún régimen sancionador, por lo que más allá de 90 días una factura deja de computar como gasto en la contabilidad interna de una corporación y no genera intereses.

Además, si hay alguna crítica pueden mostrar los informes de las auditoras. El lobby que lucha contra la morosidad indica que el papel (la factura) puede no mostrar realmente el plazo de pacto porque se ha pactado una fecha de emisión. Denuncian que más que un acuerdo es una imposición y que la mayoría de pymes pasan por el aro para tener trabajo.

Aval con patrimonio personal

Eso fuerza a asumir fórmulas para que la falta de liquidez no ahogue a las compañías más pequeñas. Incluso se llega al extremo de que los empresarios con menos recursos del país deben poner su patrimonio personal como aval de las líneas de circulante que se ven forzados a pedir a la banca, un requisito indispensable cuando la única garantía de pago real es una factura pendiente de pago.

¿Es justo para las pymes? Inquieren desde la PMcM.

Elecciones del 26 de junio

Con las elecciones del 26 de junio como escenario, el lobby exige a los partidos políticos que concurrirán a los comicios que asuman definitivamente el reto de desplegar un régimen sancionador de la Ley contra la Morosidad. Recuerdan que la Unión Europea marca a los Estads miembros a disponer de mecanismos en este sentido y que España se salta a la torera la parte que, precisamente, desincentiva las actuaciones abusivas.

El PP no se atrevió a dar el paso en la última legislatura, aunque el pacto fallido de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos incluía un mecanismo en este sentido. La PMcM espera que venza la segunda opción en la carrera electoral.