El fiscal anticorrupción de Cataluña investiga a un exdirectivo de la Agencia Catalana de l'Aigua (ACA) por haber cobrado mordidas por valor de 165.000 euros. El letrado Emilio Sánchez Ulled ha presentado una querella contra Xavier Latorre por haber desviado dinero público a una empresa familiar a cambio de beneficios en adjudicaciones públicas.
Según informa El Confidencial, el jefe de Unidad Territorial de la agencia pública firmó una resolución que autorizaba obras a dos empresarios con una cuantía de 1,8 millones de euros, cuando el presupuesto real era de cuatro millones.
Con ello, Latorre habría "eximido a los promotores de realizar parte de las obras, atribuyéndoselas a Adif, como reposición de servicios afectados por el tramo de alta velocidad, lo cual abarató más el proyecto".
"Injustificademente reducido"
El fiscal sostiene que el alto cargo dio luz verde a los trabajos con un presupuesto injustificadamente reducido, lo que "no respondió a necesidades objetivas y acreditadas que fundadamente condujeran a la misma, sino al mero deseo personal, motivado por su ánimo de lucro".
Precisamente, el directivo de la ACA facturó 184.727,52 euros a las dos mercantiles beneficiadas en contratos de "asesoramiento". Las sociedades investigadas son propiedad de los empresarios Andrés Puigfel y Luis Marsá, que habrían abonado los pagos a la empresa de los hijos de Latorre.
Prisión
El fiscal pide siete años de cárcel para el también presidente de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua, cinco por cohecho pasivo y dos por falsedad en documento mercantil. Además, el directivo se enfrenta a una multa de 90.000 euros.
Por su parte, los dos empresarios responderán a peticiones de privación de libertad de siete años por los mismos delitos, además de multas de 180.000 euros.
Para la hija de Xavier Latorre, Belén Latorre, el Ministerio Público pide cuatro años de prisión --dos por cohecho pasivo y dos por falsedad en documento mercantil-- y una sanción económica de 27.000 euros.