Tortazo judicial a Enaire por el caos aéreo de 2010

Revés judicial a Enaire por la crisis de los controladores aéreos de 2010. El juzgado de lo social número 32 de Barcelona ha concluido que las suspensiones de empleo y sueldo a tres profesionales son improcedentes. Las resoluciones se unen a un acta de conciliación firmada el martes en el juzgado de Lo Social número 2 de la Ciudad Condal, en la que la misma Aena admite la improcedencia de la sanción impuesta a un controlador.

Según ha podido saber Crónica Global, de los 61 expedientes abiertos a controladores del Centro de Control Aéreo (ACC) de Gavá (Barcelona) tras el conflicto, nueve los han ganado los empleados. Enaire, matriz del gestor aeroportuario Aena, no ha vencido en ningún procedimiento.

Ahora, se esperan las sentencias de cinco casos más, y los juicios a otros cuarenta que fueron castigados por el gestor del tráfico aéreo tras los hechos de los días 3 y 4 de diciembre de 2010, que obligaron a suspender unos 700 vuelos.

Vía penal cerrada

Las resoluciones por la vía social se unen al archivo de una causa penal contra 44 trabajadores por los mismos hechos en enero de 2015. El juzgado número 7 de Gavá (Barcelona) desestimó la causa de la Fiscalía, que sostenía que los profesionales abandonaron sus puestos deliberadamente. 

De hecho, el sindicato Usca recordó la semana pasada que hasta 20 causas penales contra 600 controladores acusados de sedición se han archivado en varios juzgados de España.

"No hubo huelga"

La agrupación también ha lanzado un documental La huelga que nunca fue, en el que subraya que "no hubo actuación concertada en ningún caso". Según el sindicato, que representa al 90% de los controladores, Aena obligaba a trabajar a los controladores aunque hubieran rebasado el límite de 1.670 horas anuales. 

"[El gestor semipúblico] pidió a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) aumentar las horas, sin éxito", recordó la agrupación. 

Así, Usca, que aporta partes de asistencia de los principales centros de control aéreo de la Península, sostiene que hubo una militarización injustificada del espacio aéreo "por razones que aún están por descubrir".