El estallido de la crisis financiera sobrevenida por la intervención del banco BPA ha dejado un reguero de interrogantes sobre el devenir político del Principado. Una administración recién salida de un proceso electoral ha afrontado una situación inédita en el país y que, además, pone en estado de riesgo uno de los ejes principales de su economía. 

Los encuentros que el presidente del Gobierno, Antoni Martí, mantuvo con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ya supusieron una duda razonable para una parte de la población andorrana sobre qué hizo evolucionar a la administración de su país para abandonar las prácticas legales de paraíso fiscal. Aumentaron también las preguntas sobre cuáles eran las razones por las que, de repente, la justicia española poseía más información de la que Andorra debía entregar sobre sus clientes bancarios.

Ejecutivo y judicial, sin la separación clásica

Martí y su gobierno --hoy afectado también por las dudas sobre las actividades del ministro de Finanzas, Jordi Cinca-- han capeado el malestar interno del país apuntando hacia el banco intervenido y a la familia propietaria, los hermanos Cierco. La cortina de humo, sin embargo, no consigue desvanecer todas las incógnitas pendientes de resolver sobre la actuación del Ejecutivo del país en esta crisis y la supuesta neutralidad con la que debía actuar. “Algo que resulta del todo injustificable para quienes desde aquí conocemos como gobierno y jueces actúan sin independencia alguna”, sostiene un político de la oposición a Martí.

Lo cierto es que aunque la administración intenta mantenerse como autónoma para gestionar los acontecimientos, nuevos detalles señalan lo difícil que les resulta acreditar esa realidad. Crónica Global ha podido acceder en exclusiva al borrador del documento que el consejo de administración de la Areb (organismo encargado de resolver la crisis bancaria a modo del Frob español) aprobó el 21 de abril pasado para poner fin a la intervención de BPA, ahora Vall Banc.

Redactado en español

El borrador del 17 de marzo que reproduce este medio coincide en su práctica totalidad --como puede comprobarse aquí las únicas diferencias son cifras pendientes de incluir a la fecha de aprobación-- con el que finalmente se aprobó salvo en una cuestión capital: está redactado en castellano y no en la lengua oficial de Andorra, el catalán. Está hecho, en consecuencia, fuera del Principado y lejos de sus servicios jurídicos y financieros que utilizan el idioma oficial en todas sus comunicaciones. Es más, y en el terreno de la anécdota, destaca que en las anotaciones laterales del borrador su propio autor se preguntaba en algún momento del documento “cómo vamos a explicar esto…”.

“Desde que el borrador fue dado por bueno, el Gobierno de Andorra lo único que ha hecho ha sido traducirlo al catalán, lo que prueba una vez más que ni Martí ni Cinca tienen el más mínimo control sobre este proceso, aunque sean sus responsables políticos”, señala un andorrano alto cargo de un partido opositor al actual Ejecutivo.

Carácter retroactivo y nominativo, según la oposición

“La resolución del 21 de abril, que coincide con el borrador del 17 de marzo, es una ley retroactiva y nominativa [en referencia a los antiguos propietarios y gestores de BPA], lo que demuestra que la intervención se hizo mal y ahora se quiere arreglar para evitar perder el asunto en los tribunales”, insiste la misma fuente.