La Terminal de Contenedores de BCN, salpicada por una trama corrupta en Guatemala

Golpe de las autoridades de Guatemala al negocio que Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) tenía en el país. La policía centroamericana ha detenido a nueve personas entre las que se encuentra el director general de la filial que operaba en la región, Juan José Suárez. Le acusan de urdir una trama corrupta junto a elementos del gobierno estatal para obtener lucros ilícitos y blanquear capital de dudosa procedencia.

También ha dado mandato a Interpol para que detenga a uno de los máximos directivos de la principal empresa del Puerto de Barcelona, Ángel Pérez-Maura. La fiscal general, Thelma Aldana, les acusa de los delitos de asociación ilícita y fraude. Al ejecutivo que reside en España le añade el de soborno y a Suárez, en prisión provisional desde el pasado 15 de abril, el de cohecho activo.

Expresidente en el centro de la trama

La investigación judicial sitúa en el centro de la trama al ex presidente de Guatemala Otto Fernando Pérez Molina. El político habría intermediado para facilitar el negocio entre el Ejecutivo y la filial del Grupo TCB en el país, Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), para conseguir un beneficio económico directo.

Se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo (soborno), lavado de dinero y otros activos y fraude. Colaboraba para conseguir este objetivo con la exministra Ingrid Roxana Baladetti, acusada de asociación ilícita, cohecho pasivo (soborno), lavado de dinero y otros activos y fraude.

Ampliación del Puerto Queztal

TCB se rascó el bolsillo, según las pesquisas, para firmar un contrato por 25 años prorrogables para explotar un terreno de unas 34 hectáreas adyacente a Puerto Queztal, la mayor terminal marítima de Guatemala situada en el departamento de Escuintla, en el sur del país. Allí se debía construir una nueva terminal de contenedores y el grupo de Barcelona se quedaría con la gestión.

La iniciativa proyectada incluía tres fases de desarrollo y una inversión total de 225,6 millones de euros al tipo de cambio actual. Fiscalía detectó que antes y después de la firma del contrato se produjeron “interferencias en diversos actos idóneos y convergentes”. Ahí fue donde la trama corrupta habría detallado qué mordidas se llevaba cada uno de sus miembros y las cantidades que se blanquearían.

Pagos ilícitos

El grupo español habría desembolsado como mínimo 24,5 millones de euros para hacerse con el contrato. Pérez Molina se llevó 3,7 millones; Baladetti otros 3,7 millones y el resto de la estructura directa 3,2 millones.

Además de Pérez-Maura y Suárez Messeguer, la investigación señala a otros tres directivos de Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), la filial de TCB. Se trata del exinterventor de la sociedad, Allan Herbert Marroquín, acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude; el asesor portuario William Anthony Shwack y el exsubinterventor, Julio Roldano Sandoval.

Intermediarios

La trama incluye a otros cinco intermediarios: Juan Carlos Monzón, puente entre la central del grupo en Barcelona y el Gobierno de Guatemala; Guillermo Abraham Lozano, colaborador de Baldetti; Gustavo Adolfo Martínez Luna, exsecretario general de Presidencia y la persona que supuestamente se encargó de que EPQ recibiera informes favorables para la ampliación de la terminal de contenedores guatemalteca; Mauricio José Garín, encargado de pagar a los colaboradores; y Jonathan Harry Chevez, el testaferro del expresidente y la exministra.

Tres líderes sindicales en Guatemala recibieron también cobros de la trama corrupta --Lázaro Noe Reyes y Julio Nolberto Esquivel y Julio César Zamora Álvarez-- y hay varios dirigentes de instituciones del país salpicadas por haber emitido dictámenes favorables a la empresa de Barcelona.

Se trata de el magistrado de la Corte de Apelaciones y exProcurador General de la Nación. Vladimir Aguilar; el secretario del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de la región donde se construía la terminal, José Daniel Luna; el magistrado de la V Corte Suprema de Justica (CSJ), Douglas René Charchal; y el colaborador de la sala, Mario Ruano San José.

Investigación iniciada hace meses

La investigación que ha provocado esta oleada de detenciones se inició hace meses en Guatemala. Los nueve detenidos están en prisión preventiva, aunque no se podrá iniciar formalmente la causa hasta que la Interpol actúe.

Pesa una orden de búsqueda y captura internacional sobre cinco personas. Entre ellas, el consejero del grupo marítimo TCB.