El Gobierno catalán no moverá ni una coma en el reparto equitativo de la representatividad empresarial que firmó el pasado 30 de marzo. La consejera de Treball, Dolors Bassa, ha anunciado este viernes que rechaza las alegaciones realizadas por Foment del Treball y Fepime a la decisión salomónica para resolver la batalla entre las tres patronales catalanas con la Generalitat de por medio al otorgar la misma cuota a cada una de ellas: el 33%.
Bassa recuerda en un comunicado a Foment, Fepime y Pimec que este reparto es “provisional” y que sólo estará vigente hasta que las tres organizaciones “lleguen a un acuerdo que concrete el grado de representatividad de cada una de ellas o acrediten una cuota de representatividad que determine un reparto diferente”.
Presión para empezar a negociar
La consejera no detalla qué camino deben tomar las organizaciones si quieren demostrar que su peso en el ámbito empresarial catalán supera el 33% que han recibido. Lo único que deja claro es que no vale el plan que hizo su predecesor en el cargo, Felip Puig, la norma que abrió la caja de pandora con cabos sueltos. Entre ellos, definir qué ocurría con la doble afiliación o determinar el peso que tenía el cómputo de una empresa o de un gremio.
De hecho, fuentes del sector apuntan a que se trata de una decisión premeditada para forzar a las patronales a sentarse y hablar.
Patronales, a la greña
El problema de este plan es que las posibilidades de diálogo reales entre las tres organizaciones son casi inexistentes, están a la greña. Intentaron fusionarse sin éxito en tres ocasiones y las espadas están en alto entre ellas. La junta de Pimec incluso aprobó por unanimidad el pasado noviembre una resolución que determinaba que nunca más se iniciaría un proceso de unión con Foment.
La patronal dirigida por Josep González no se mostró favorable al reparto equitativo de la representatividad por el poder que la Generalitat otorgó a Fepime, su rival de ámbito de actuación. Pimec mantiene que ellos son los únicos que realmente pueden ser portavoces de este tipo de empresas en Cataluña, aunque no presentó alegaciones a la medida de Bassa. Siempre ocupó una cuota del 30%, por lo que ha ganado tres puntos de representatividad.
Verdaderos perdedores
Foment del Treball, presidido por Joaquim Gay de Montellà, es el verdadero damnificado por el nuevo reparto, ya que tradicionalmente había copado el 70% de la representatividad y después cedió una cuota del 15% a la patronal de pymes encabezada por María Helena de Felipe.
También ha sido la organización que se ha opuesto de forma más abierta al procès independentista, por lo que también se hace una lectura política de su pérdida de poder en representar a los empresarios en Cataluña.