El Gobierno de Andorra ha decidido finalmente dejar los restos de Banca Privada de Andorra (BPA) en manos del fondo buitre JC Flowers. La adjudicación se ha comunicado primero a los trabajadores, según Altaveu Digital, y posteriormente se ha anunciado públicamente. Significa un triunfo para los estadounidenses, ya que intentan desde hace cinco años hacerse con algún negocio financiero en la Península.

Lo intentó con la CAM, Banca Cívica, Novacaixagalicia (NCG), Unnim y CatalunyaCaixa, aunque el Banco de España lo rechazó en todas las ocasiones porque el grupo no quería asumir el riesgo financiero que implicaba tomar el control de una entidad que había reconocido su fallida y requería una reestructuración.

Inicio de la migración de activos

Por ahora, se desconoce si JC Flowers ha propuesto al Ejecutivo de Antoni Martí repetir las salvaguardas que le cerraron las puertas en España en la inversión de BPA. Los detalles de la operación se conocerán a lo largo de los próximos días, aunque está claro pagará como mucho 29 millones de euros si el Principado cumple con unos requisitos.

Martí los ha aceptado y ha iniciado el fin de la polémica tutela pública de la entidad. La Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) afirma en un comunicado que los activos del 97% de los clientes de BPA “a fecha de hoy pueden ser traspasados a la nueva entidad [Vall Banc] para cumplir con todas y cada una de las exigencias y estándares exigidos por la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”. El Ejecutivo mantiene que no cumplir con esas normas propició la toma de control público del banco a pesar de que EEUU, quien hizo la acusación, rectificó hace meses.

Aumento de capital

El momento álgido de la migración de activos será en 15 días, el 9 y 10 de mayo tanto BPA como Vall Banc permanecerán cerrados y el día 11 se iniciará formalmente la actividad de la nueva entidad.

La AREB informa en su comunicado que posteriormente se ejecutará una ampliación de capital social por valor de 27 millones, cuyos títulos los asumirá por completo el organismo público que se creó para tutelar BPA a través de las aportaciones que hicieron en 2015 Andbank, Crèdit Andorrà, MoraBanc y Banc Sabadell d’Andorra al Fondo Andorrano de Resolución de Entidades Bancarias (FAREB). La inyección de liquidez mediante nuevos títulos se elevará posteriormente hasta los 30 millones para “cumplir con las exigencias regulatorias sobre capital mínimo establecido por la legislación andorrana en materia de entidades financieras”.

Es decir, la aportación pública superará de lejos los 29 millones de JC Flowers. Según la oferta vinculante firmada este jueves, la aportación no se realizará de una sola vez. El fondo oportunista realizará un primer desembolso cuándo se formalice la compra-venta y después realizará “una serie escalonada de pagos” cuyo importe estará “vinculado a la evolución del negocio”.

Corralito a los clientes

El comunicado de la AREB pasa de largo de hacer comentarios sobre lo que implicará la venta de BPA para los clientes, que sólo pueden retirar 2.000 euros a la semana desde que se intervino la entidad en marzo de 2015. Todo apunta a que se mantendrá el corralito hasta que Vall Banc esté completamente en marcha.

A partir de ese momento se podrán retirar mayores cantidades de efectivo de la nueva entidad, aunque se aplicará una permanencia mínima de seis meses a los clientes para evitar la huída de capitales.

Causas judiciales abiertas

Las condiciones de JC Flowers no son las más optimistas desde el punto de vista financiero, apuntan fuentes del sector, aunque dan la oportunidad a Martí de sacarse de encima la gestión directa de BPA y cederla a un tercero. El fondo oportunista debería asumir las consecuencias de una eventual resolución judicial en contra de sus intereses en EEUU, España o Andorra en la que se decretara que no había base para tomar el control público de BPA, por lo que debería permanecer en manos de sus accionistas mayoritarios, la familia Cierco.

Hay múltiples causas abiertas pendientes de resolver, por lo que incrementa la complejidad de la venta. Los mismos interlocutores apuntan a que el Gobierno de Andorra podría tener muchos problemas si no ha reflejado en la compra-venta la inseguridad jurídica de la operación. El fondo buitre podría incluso reclamar daños y perjuicios ante esta hipótesis.

La letra pequeña de la operación disipará las dudas que existen en el sector.