La cúpula de Banco Sabadell respira tranquila. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, aclaró este jueves que sólo deberá pagar 25,6 millones de euros de fianza como responsable civil subsidiaria por el agujero que ocho ex directivos de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) provocaron presuntamente en la entidad antes de que la comprara el grupo financiero presidido por Josep Oliu.
Esta cantidad se queda muy lejos de los 1.562 millones de fianza total que el Alto Tribunal impuso a la antigua cúpula de la caja valenciana antes de abrir el juicio oral contra la forma en que gestionaron la caja.
Dos peticiones contra el banco
Así constaba en una resolución firmada por Lamela que se publicó el miércoles, en la que se declaraba al Sabadell y la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social CAM como responsables de la fianza igual que la aseguradora Caser como responsable civil directa.
La juez indica en su nuevo escrito que sólo dos acusaciones han solicitado que el banco catalán pague fianza. Se trata de un particular que le reclama 19,1 millones y la empresa Bon Llar, cuya demanda es de 62.545 euros. A estas dos cantidades se le debe añadir el tercio previsto por la ley.
Apertura del juicio oral
La apertura de juicio oral implicará que ocho ex directivos de la CAM se sienten en el banquillo acusados de vaciar económicamente la caja. Los dos principales acusados son el ex presidente, Modesto Crespo, y la ex directora general, Dolores Amorós, a quienes se les imputan los delitos de falsedad en cuentas anuales, delito relativo al mercado y a los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
También se imputan estos delitos al ex director general de Recursos, Vicente Soriano Terol, y al que fue responsable de Planificación y Control en el momento en el que se descubrió el agujero de la CAM, Teófilo Sogorb.
El resto de acusados
La magistrada acusa de todos estos delitos con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores al ex director general, Roberto López Abad. Imputa por falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida al que fue el ejecutivo responsable de Inversiones y Riesgo, Francisco José Martínez García; al de Financiación, Juan Luis Sabater, y al de Información Financiera, Salvador Ochoa.
Entre todos, se enfrentan a penas de prisión de hasta 17 años de cárcel entre Fiscalía, el Fondo de Garantías de Depósitos y la acusación particular.
Intervención en 2011
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 30 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) inyectó 2.800 millones para evitar la quiebra de la entidad y detalló las irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
Antes de la intervención, en marzo de ese año, los gestores de la CAM presentaron una cuentas que arrojaban unos beneficios de 38,9 millones de euros. Tres meses después, se reformularon las cuentas y mostraron unas pérdidas de 1.136 millones.