Incidencias, ruina y, en definitiva, incumplimiento del contrato. Es lo que ha fallado la Audiencia Provincial de Baleares en un auto con el que condena a una filial del grupo ACS, Urbaser, a pagar 25 millones de euros al Ayuntamiento de Palma por los perjuicios ocasionados a la hora de prestar el servicio de recogida neumática que, en 2002, la concesionaria proyectó y puso en marcha en la capital balear.
Se estimaba que la vida útil de esta red, fuera de servicio desde mayo de 2012, se prolongase durante 30 años, pero el estado de quiebra que alcanzó en apenas 10 años le llevó a amortizar, a duras penas, un tercio del tiempo previsto.
250.000 euros en intereses
Ahora, la empresa debe abonar, junto a la mercantil con la que en 1998 se presentó al concurso convocado por el consistorio palmesano, Envac, la anterior cantidad más los intereses generados, estimados en 250.000 euros. El ayuntamiento considera que, con esta sentencia, se pone fin así a la "estafa" provocada por las concesionarias con la instalación de este sistema, inicialmente presupuestado en 14 millones de euros y cuyo coste real se multiplicó finalmente hasta los 25 millones con cargo al erario público.
En concreto, la unión de empresas que concurrió al proceso para la ejecución del proyecto de recogida de residuos sólidos urbanos estaba integrada por Urbaser, Envac y Dragados, esta última propiedad también de Florentino Pérez, que posteriormente cedió su participación a la primera.
Graves incidencias
La sentencia de la audiencia recuerda cómo en 2006 comenzaron a producirse graves incidencias en la red, que fueron en aumento hasta provocar en 2012 el colapso definitivo del sistema, finalmente declarado inútil en contra de las expectativas generadas en su día por las empresas concesionarias. El servicio dejó de funcionar y ya no volvió a reiniciarse: su coste de recuperación era mucho más elevado que el propio valor de la red.
El departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas llegaron incluso a emitir sendos informes en los que corroboraban la grave corrosión que afectaba a la red y apuntaban al hecho de que esta situación hacía prácticamente inservible el sistema pese al desembolso económico que el ayuntamiento palmesano había realizado en el mismo.
Defectos en el diseño
Los defectos en el diseño y la incorrecta selección de materiales también se ciñeron sobre el proyecto, que derivaron así en el incumplimiento del contrato suscrito con las empresas proveedoras.
El ayuntamiento, a través de su sociedad municipal de aguas y alcantarillado, decidió interponer una demanda contra Urbaser y Envac, que alegaban que las deficiencias en el sistema no eran de su responsabilidad sino que se debían al abandono y al incorrecto mantenimiento de la red por parte de la Administración local.