La gran patronal catalana carga de nuevo contra el Govern

La junta directiva de Foment del Treball, la gran patronal catalana, cargó de nuevo este lunes contra el Gobierno de la Generalitat por la decisión salomónica y provisional de repartir de forma equitativa la representatividad de las tres organizaciones empresariales más importantes de Cataluña. La institución presidida por Joaquim Gay de Montellà, su entidad adscrita que defiende a las pymes --Fepime-- y Pimec tienen desde el pasado viernes cada una de ellas una cuota del 33%.

La consejera de Treball, Dolors Bassa, tomó esta decisión para dar carpetazo al lío patronal que había iniciado el Gover en la anterior legislatura al intentar meter mano al poder de las organizaciones en el territorio para beneficiar a las que estaban más alineadas con sus tesis soberanistas. Además, cortó de raíz las aspiraciones de Cecot, la entidad liderada por Antoni Abad con sede en Terrasa (Barcelona), de colarse en el mapa de la representatividad catalana. 

Foment, la más perjudicada

Foment fue la más perjudicada por el nuevo reparto de la representatividad y, por ello, la cúpula acusó a los nuevos gestores del departamento de dinamitar las relaciones con los agentes sociales.

Gay de Montellà y el secretario general de la patronal, Joan Pujol, explicaron ante la junta que "a su juicio, la actuación del departamento de Treball afectaba de forma negativa al diálogo entre la Administración y las organizaciones", según indicó la organización en un comunicado. También manifestaron que el nuevo reparto no tenía ninguna validez porque la cuestión está judicializada y la única resolución que cuenta con el aval de los tribunales es la de la consejería de Empresa i Ocupació de diciembre de 2013, la que establecía una cuota del 60% para Foment, un 15% para Fepime y el 25% restante en manos de Pimec.

Proceso "viciado"

Gay de Montellà y Pujol tildaron de "procedimiento viciado" todas las actuaciones que el Gobierno catalán adoptó desde el pasado septiembre, cuándo aprobó un decreto ley que abría un proceso de aval sobre el peso de las organizaciones empresariales que terminó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Antes, había despojado a Fepime de su cuota del 15% que tenía en todos los órganos de concertación social pública en una acción que tensaba aún más las difíciles relaciones entre Foment, Fepime y Pimec.