Guerra entre ingenieros por la certificación de proyectos

Conseguir un número oficial que permite la instalación de un contador eléctrico en un inmueble es un trámite burocrático en el que el colegio profesional del instalador recibe unos 70 euros por visar a la persona que presentará el proyecto y la administración competente, entre 100 y 400 euros por diligenciar --es decir, certificar que la planificación del sistema eléctrico es la correcta y comprobarlo-- según el tamaño del proyecto. Se mueven unos cuatro millones anuales en este tipo de iniciativas, según cálculos del sector.

Este trámite ha desatado desde finales de los años 70 batallas entre varios colectivos profesionales para poder ejercer de instalador, como la mantenida entre los arquitectos y los ingenieros industriales. En la ciudad de Reus (Tarragona), ha provocado la primera guerra por la vía de los penal que salpica a funcionarios de la Generalitat y a uno de los gigantes de la certificación en Europa, el grupo TÜV Rheinland.

Causa muy lenta

El encargado de estudiar la causa es el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad catalana. Avanza extremadamente lenta, ya que la denuncia se formuló el 24 de junio de 2007 y aún no se ha superado la primera fase de la instrucción. La querella está aceptada a trámite, pero el titular de la sala debe decidir aún si incoa o no las diligencias previas que darán el disparo de salida formal a la investigación.

¿Qué ha provocado que el caso se dilate nueve años? Los implicados coinciden: en el fondo, lo que debe resolver la justicia de Reus es una batalla entre los ingenieros industriales y los de telecomunicaciones en Cataluña. Las espadas están en alto y el proceso incluso ha propiciado la división del segundo colectivo, el único en España con dos colegios profesionales que mantienen sus batallas en paralelo.

Origen del conflicto

La causa penal se inició por la negativa de los técnicos de TÜV Rheinland de diligenciar un proyecto de instalación eléctrico que el ingeniero de telecomunicaciones Jordi Farré, que también pelea en varios tribunales para demostrar que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Cataluña. El afectado explica que en ese momento pidió conocer los motivos y, tras recibir justificaciones que consideró que no eran las oportunas, interpuso la querella.

Sus representantes legales indican que la única explicación tanto de la compañía como de los representantes de la Dirección general de Energía y Minas de la Generalitat en el territorio fue que el único que tenía la formación necesaria para diseñar una línea eléctrica como la que pidió Farré eran los ingenieros industriales. Algo que contradice el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) que el Gobierno central aprobó en 2002, tal y como han argumentado ante el juez.

Petición de archivo

La Generalitat defiende que este colectivo sí pueden planificar proyectos eléctricos, perosiempre que aparezcan equipos de telecomunicaciones, no otros mayores como subestaciones de alta tensión. Asimismo, manifiesta que cualquier tipo de conflicto de estas características se debe plantear en el ámbito administrativo y no en lo penal, por lo que el pasado 7 de marzo los letrados de la Administración catalana pidieron por enésima ocasión al tribunal que archive la causa.

Farré ya inició esa vía legal. Con el apoyo del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) presentó un recurso administrativo en el que, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les dio la potestad de actuar como instaladores en 2011. La interlocutoria nunca ha sido recurrida por los representantes del los ingenieros industriales, con los que mantenía el litigio.

Imputados que han fallecido

La causa penal sigue viva y se suceden multitud de recursos entre las partes para conseguir su objetivo: los ingenieros de telecomunicaciones buscan que se penalice a los implicados de la negativa y, tanto la Generalitat como la empresa que emite los certificados, que se dicte el sobreseimiento de la causa.

De hecho, en los años que el litigio lleva vivo incluso ha fallecido uno de los presuntos implicados. La denuncia está dirigida contra el Juan José Carrasco, encargado de la oficina de TÜV Rheinland que recibió la petición de diligencia que ha propiciado la guerra entre colectivos. También implica el delegado de la compañía en Tarragona, Armando Sicilia, y a dos trabajadores públicos: el que era director general de Energía y Minas en 2007, Agustí Maure, y a su representante en Tarragona en esa época, Jordi Jacas.