El Gobierno central, en funciones, ha puesto en marcha la llamada Regla del Gasto, lo que supone impedir que las comunidades autónomas adquieran nuevos compromisos de gasto para que destinen sus esfuerzos a hacer frente a las obligaciones ya contraídas y que originan el déficit.

La misma norma limita el aumento de las previsiones de gasto a la predicción que el propio Ministerio de Hacienda hace para el medio plazo.

Recomendación de Bruselas

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha anunciado esta medida, en cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea a principios de mes, a la vista del desvío presupuestario de las comunidades autónomas, principales responsables de que 2015 acabara con un déficit del 5,16% del PIB, casi un punto porcentual más que el objetivo comprometido con Bruselas, que era del 4,2%.

Solo Canarias, Galicia y el País Vasco han cumplido con el objetivo de déficit. Coincide que estos tres territorios han crecido, como mínimo, lo mismo que la media española. Cataluña, Extremadura, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana son las que se han desviado más de dos puntos porcentuales. Cataluña y Valencia absorben más de la mitad del desvío.

El compromiso con la reducción del déficit implica que los nuevos gobiernos autonómicos, según Montoro, no deberán hacer propuestas de gastar más, sino hacer frente a las facturas.

10.000 millones de más

El desvío equivale a unos 10.000 millones de euros de gasto adicionales y obligará a realizar un ajuste de unos 24.000 millones de euros a lo largo de 2016 para poder cumplir con el objetivo del 2,8% previsto para este año, todo ello en un contexto de incertidumbre política.

La desviación es consecuencia del incumplimiento por parte de las comunidades autónomas, que partían de un objetivo de déficit del 0,7% y que finalmente han cerrado el ejercicio en el 1,66% del PIB. Además, la Seguridad Social ha registrado un déficit del 1,26% en 2015, siete décimas por encima del 0,6% previsto.

El Estado cumplió

Estas desviaciones solo han sido en parte compensadas por el cumplimiento por parte del Estado, que registró un déficit del 2,7%, frente al 2,9% comprometido, y por los ayuntamientos, que alcanzaron un superávit del 0,44%, frente al equilibrio previsto.

El dato definitivo de déficit público se conoce después de que Bruselas remitiera el pasado 9 de marzo una recomendación autónoma fiscal, en la que ya ponía el acento en el incumplimiento por parte de las comunidades autónomas e instaba al Gobierno a la aplicación de las medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el caso de incumplimiento de los compromisos de estabilidad fiscal por parte de las regiones.