La gestión del agua del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se ha convertido en una nueva cuestión pantanosa para Ada Colau. BComú, que gobierna con minoría y gracias a un pacto con el PSC la administración supramunicipal, defendió este martes tras la sesión plenaria que consideran una sentencia firme la resolución del pasado 16 de marzo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anuló el acuerdo de creación de la sociedad mixta que se encargaba el servicio participada por Agbar (70%), Criteria (La Caixa, con otro 15%) y la AMB (el 15% restante).

Janet Sanz, vicepresidenta de Medio Ambiente, reiteró que el gobierno "no recurrirá la sentencia y que trabajará en el marco de que la sentencia es firme". Por lo que encargará en los próximos días un estudio de las consecuencias jurídicas y económicas de la decisión judicial, el primer paso para el "desarrollo pertinente de las medidas provisionales y cautelares que sean necesarias" para conseguir que el servicio sea de titularidad pública al 100%.

Recurso ante el Supremo

El problema del plan de BComú es que la resolución del TSJC no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo hasta el próximo 4 de abril, y así lo hará Grupo Agbar. La gestora del agua integrada en Suez Environnement anunció que daría ese paso el mismo día en el que se publicó la interlocutoria. Aún no ha entrado el escrito de casación, informan fuentes judiciales, pero se espera el documento en lo próximos días.

Colau y su equipo de gobierno pasan de la vida judicial del caso. Sanz aseguró este martes que acabar ante el Supremo no es una opción que contemplen porque nadie de la compañía les ha notificado de forma oficial su intención y no se ha celebrado ni convocado ningún consejo de administración de la sociedad Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua SA, la compañía mixta que se creó sin que el Consejo del AMB, encabezado en ese momento por Xavier Trias, justificara correctamente por qué no debía convocar un concurso público, según el Alto Tribunal catalán.

EL PSC pide prudencia

A la espera de conocer las condiciones de contratación del informe y las conclusiones del mismo, el PSC, el actor que tiene la palabra final sobre las decisiones ejecutivas en la Administración supramunicipal, rompió su silencio sobre la cuestión este martes para pedir prudencia. Sin oponerse de frente al plan de Colau, el portavoz socialista, Antonio Balmón, declaró que el Consejo debe "medir muy bien sus pasos" antes de tomar ninguna decisión sobre la gestión del agua.

Según el PSC, la sentencia del TSJC obliga al AMB a "plantear diferentes escenarios sin ningún tipo de prejuicio". Recordó a Sanz que se trata de una resolución "recurrida y, por lo tanto, quedará en suspensión". Una situación "muy complicada" a la que no se debería añadir mayor incertidumbre con nuevas decisiones ejecutivas, pidió.

Factura final

Pero BComú, con quien los socialistas estudian un pacto de gobierno compartido en Barcelona, parece poco predispuesta a renunciar a una de sus grandes proclamas políticas: que la gestión del agua debe ser de titularidad pública. Fuentes de la organización señalaron que el TSJC les brindó la posibilidad de replantear el servicio en Barcelona y su ámbito de influencia, su feudo electoral, y no piensan "desaprovechar la oportunidad".

La gran duda es saber a cuánto ascendería la factura de expropiar las infraestructuras necesarias para realizar el servicio. El presidente de Agbar, Ángel Simón, alertó antes de las vacaciones de Semana Santa que la cifra podía ser millonaria, si se tienen en cuenta los precedentes. Al Ayuntamiento de Berlín le costó 2.000 millones de euros en su día y a la ciudad de Buenos Aires 15 años de litigio y, por el momento, 1.500 millones de dólares.

El PP tensa la relación entre los socios

Sanz no contempló que se pudieran repetir estas cantidades en Barcelona y su ámbito de influencia. Por ahora se prepara el informe externo de la sentencia, en el que también se incluye el apartado económico.

El portavoz del PP en la AMB, Alberto Fernández Díaz, fue más allá en su interpretación de la reacción del Consejo metropolitano tras la sentencia del TSJC. Indicó que el cruce de declaraciones entre la portavoz de Colau y Balmón muestra las divergencias que existen entre el PSC y Entesa (la plataforma en la que se integra BComú y otras marcas territoriales) sobre la decisión de no recurrir la sentencia.

Fernández Díaz defendió que la opción preferida para los socialistas, que apoyaron a Trias en la creación de la gestora mixta en 2012, era recurrir junto a Agbar ante el Supremo. El PSC evitó pronunciarse de forma clara sobre esta cuestión.