La banca andorrana asume en sus propias cuentas, de forma directa, las consecuencias de la intervención pública de Banca Privada d’Andorra (BPA). La Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (Areb), la empresa que el Ejecutivo del Principado creó para tomar las riendas de la entidad, mantiene viva una deuda de unos 30 millones de euros con Crèdit Andorrà, Andbank, MoraBanc y Banc Sabadell de Andorra.

Este pasivo corresponde íntegramente a las operaciones de liquidez realizadas por los clientes que tenían depósitos en BPA en marzo de 2015, cuando se intervino el banco. Muchos de ellos también disponían de cuentas en otra entidad del Principado donde traspasan desde ese momento 2.500 euros a la semana. Esta es la cantidad máxima que el Gobierno permite retirar a los clientes de la entidad intervenida, el corralito que impuso para evitar la retirada masiva de capital. 

Compensar con bonos públicos

El plan presenta un problema. La Areb no ha encontrado a ninguna entidad que ejerza de corresponsal de BPA, por lo que no puede ejecutar ninguna operación bancaria. Las entidades andorranas apuntan como deuda cada una de las transferencias. Implica financiar 12.500 euros mensuales por cliente.

Los pasivos se han disparado a lo largo del último año y la solución de la Areb ha sido compensar al resto de entidades por otro lado. Se neutraliza con la cesión de activos de deuda pública del Principado, tanto bonos del Estado como de los comunes (equivalentes a los ayuntamientos en España). Los nuevos gestores de BPA traspasan la gestión de los bonos públicos que tenía a los otros bancos, que serán los que cobren la liquidación de las operaciones y se descuentan los saldos pendientes que equivalen a la misma cantidad.

Cuatro operaciones

La Areb ha realizado cuatro operaciones de este tipo en el último año que han evitado un descalabro en las cuentas de la banca andorrana. La cartera de bonos que gestionaba BPA le da aún margen para ejecutar más compensaciones, indican fuentes cercanas a los gestores públicos del banco intervenido, por lo que por ahora no se teme que el corralito impuesto a los clientes colapse el sistema bancario del Principado.

Las voces más críticas con la intervención del banco señalan las dudas sobre la legalidad de las operaciones. Afirman que ceder activos, por mucho que sean bonos públicos, desde BPA a otras entidades es una forma de descapitalizar la entidad al margen de la legalidad vigente.

Parece ser que serán de nuevo los tribunales los que digan la última palabra.