El Gobierno de Andorra ha estado sumido los últimos días en el pleno que ha dado el visto bueno a los presupuestos del Principado de 2016. El Parlamento ha dado el visto bueno a las cuentas del pequeño país en el primer aniversario del caso BPA, y la sombra del mayor escándalo financiero que ha tocado vivir en el Pirineo ha planeado en la sesión.

Con todo, el Ejecutivo de Antoni Martí no contempla ninguna partida para hacer frente a las posibles consecuencias de la intervención de la entidad --por lo menos, no de forma abierta--. Mantiene su estrategia de que en las próximas semanas encontrará a un comprador para los activos buenos de Banca Privada d’Andorra (BPA) y podrá zanjar la polémica sin mayor repercusión, indican fuentes cercanas al presidente.

Crecen las causas judiciales

Pero mientras el cuaderno de venta de Vall Banc --la entidad puente que se ha creado para ejecutar la operación-- se mueve entre entidades del Principado, España e internacionales, crecen las causas judiciales contra el gobierno por su gestión en los últimos meses. Y crecen las dudas sobre los motivos reales de la intervención.

De entrada, el organismo que persigue el blanqueo de capitales internacional del Tesoro estadounidense, el FinCen, ha retirado la notice en la que acusaba a BPA de ser un riesgo para la banca mundial por facilitar el lavado de dinero del crimen organizado. Apuntó que la dirección y los accionistas mayoritarios de la entidad, la familia Cierco, trabajaban con mafias de Venezuela, China, Rusia e incluso con el cártel de Sinaloa en el documento que se publicó el 10 de marzo de 2015.

Rectificación del FinCen

Martí se acogió al informe del FinCen para tomar las riendas de BPA y propició, como consecuencia inmediata, el concurso de acreedores de su principal participada, Banco Madrid. Los Cierco acudieron a los tribunales de EEUU para exigir al FinCen que detallara en qué justificaba sus acusaciones. Sus representantes legales declinaron hacer ningún comentario al respecto durante el juicio y poco después decidieron levantar la famosa notice.

Por ello crecen las dudas de su actuación incluso desde su país. La causa judicial está viva y aún tiene recorrido, por lo que queda juego para valorar si actuó de forma arbitraria para demostrar su poder con una entidad pequeña (tal y como defienden algunas voces del Principado) o les faltaba información o la que tenían no era cierta antes de emitir su resolución.

Dos soluciones posibles

Los tribunales tienen sus tiempos, pero la presión al Gobierno de Andorra para que frene la venta y levante los límites de retirada de capitales que aún tienen vigentes los clientes de BPA, también. Así cómo las peticiones de que quede en libertad el primer ejecutivo de la entidad, Juan Pau Miquel, en prisión provisional desde hace un año.

Este sería el “escenario de máximos”, tal y como indican fuentes del Principado. Los accionistas mayoritarios de BPA dejan la puerta abierta a que los activos del banco pasen a manos de otra entidad del Principado y que se facilite su entrada en el accionariado del mismo por un valor equivalente al volumen de negocio que se integraría.

La banca andorrana

Es una de las opciones posibles, aunque el resto de actores de la plaza financiera de Andorra la rechazan de frente. No quieren pagar el pato por lo que mantienen que se trata de una crisis ajena a sus negocios por la que ya han tenido que pagar.

La Associació de Bancs Andorrans (ABA), la patronal del sector, manifestó que los beneficios de las cuatro entidades del Principado habían crecido el 8% a lo largo de 2015. Los ejecutivos del país manifiestan de forma abierta que el caso BPA ha tenido un impacto limitado.

El Gobierno no hace nada

En privado, reconocen que han sufrido especialmente en costes de imagen en un momento de plena transformación del negocio, ya que se pasa página de la etapa cómo paraíso fiscal, e indican que aún es pronto para determinar cuáles son las consecuencias reales de la caída de la entidad.

También piden al Gobierno de Antoni Martí celeridad en vender el banco y tomar alguna decisión frente a las dudas que han surgido por su gestión. Por ahora, el Ejecutivo no hace nada.