Un informe de la Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador de las administraciones públicas, desvela importantes irregularidades en la adjudicación de la red de fibra óptica del Govern a la empresa Imagina, que forma parte del grupo Mediapro presidido por Jaume Roures. Se trata de uno de los contratos más importantes realizados en 2010 por la Generalitat, gobernada entonces por el tripartito --PSC, ERC e ICV--.

La Sindicatura ha analizado los ejercicios de ese año, así como los de 2011 y 2012, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), dependiente entonces de la Consejería de Gobernación de la Generalitat.

Entre los contratos revisados destaca el correspondiente al proyecto Xarxa Oberta, consistente en el despliegue de la fibra óptica en todas las sedes de la administración autonómica existentes en Cataluña, un total de 5.800, así como la instalación de un punto de presencia en todos los municipios, un total de 946. La duración máxima del contrato estaba fijada en 30 años y el presupuesto ascendía a 662 millones.

Solo en las tierras del Ebro

Telefónica, Abertis y la UTE Imagina-Axia, se interesaron por ese contrato. Pero seis meses después de que se aprobaran las condiciones del concurso, la Generalitat decidió reducir el alcance del proyecto alegando necesidades de estabilidad presupuestaria. Así, la red se circunscribió a las tierras del Ebro y el número de sedes y puntos de referencias a conectar se redujo a 696 y 96, respectivamente. El presupuesto también se rebajó: a 211 millones.

Tras conocer estos cambios, Telefónica y Abertis se retiraron, por lo que la adjudicación quedó en manos de Imagina-Axia.

La Sindicatura echa en cara a la Generalitat que no aprobara “una nueva convocatoria pública con nuevos requisitos de solvencia y con un plan económico y financiero ajustado al nuevo alcance”, dado que la modificación del proyecto “afectaba significativamente las características esenciales del contrato”. Al respecto, indica que la reducción del proyecto “podría haber sido asumida por empresas que, por sus dimensiones y capacidad, no se pudieron presentar a la convocatoria inicial”.

El órgano fiscalizador denuncia que la duración del contrato, de 30 años, excede los 20 años que la ley pone como límite, aunque precisa que ese plazo se redujo posteriormente. Entre la documentación analizada, no consta que el CTTI “efectuara la cuantificación y el análisis de los criterios mínimos de solvencia exigidos para la admisión de los candidatos”. Tampoco consta en el expediente “el documento que certifica la existencia de crédito adecuado y suficiente”, como exige la ley.

Un año después

La adjudicación definitiva del contrato fue publicada en los diarios oficiales un año después de la aprobación, pero la ley indica que debe hacerse en un plazo de 48 días.

En el informe también se denuncia, asimismo, que el director general de la sociedad Xarxa Oberta de Comunicación y Tecnología de Cataluña --creada para impulsar el proyecto-- era, al mismo tiempo, director del área de Infraestructuras del CTTI

Fuentes de Mediapro han precisado a Crónica Global que “la responsable de las bases del concurso es la Generalitat. Nosotros nos presentamos al mismo y nuestra obligación era cumplir todos los requisitos que se pedían, como así hicimos”.

Respecto a las incompatibilidades denunciadas, las mismas fuentes indican que “el director general de Xarxa Oberta era director del área de Infraestructuras del CTTI y como tal no tenía ni tiene la consideración de alto cargo. En el momento de contratarlo hicimos las consultas legales pertinentes”.