El presidente del Gobierno de Andorra, Antoni Martí, y el ministro de Finanzas del Principado, Jordi Cinca, tienen un nuevo reto con la gestión de la banca en el país desde el pasado viernes. La presión sobre el Ejecutivo es total. Se le pide que ejecute un movimiento estratégico en la gestión del principal escándalo con el que han tenido que lidiar: el caso BPA.

Debe decidir si culmina la venta de la entidad, intervenida desde el pasado marzo, o la frena.

Rectificación del FinCen

Quien les ha puesto entre la espada y la pared es el mismo organismo internacional que inició la crisis, la división del departamento del Tesoro de EEUU que se dedica a perseguir el crimen fiscal en todo el mundo, el FinCen. Los responsables de esta institución emitieron el pasado viernes el segundo informe sobre el banco andorrano. El documento, básicamente, tiene como objetivo corregir la Notice que condenó a la entidad a la desaparición en marzo de 2015.

El FinCen rectifica e indica que BPA no blanquea capitales ni representa un peligro para el negocio financiero internacional. Reconoce que “los pasos que han tomado las autoridades andorranas son suficientes para proteger al sistema financiero de Estados Unidos del riesgo de lavado de capitales”. Felicita al Gobierno, pero se olvida de explicar por qué señaló a la entidad como un peligro de primer orden en el mundo.

Denuncia ante los tribunales

No lo hace en su escrito ni tampoco ante la justicia. Los accionistas mayoritarios del banco andorrano, la familia Cierco, presentaron una denuncia ante un tribunal de Columbia (Washington DC) sobre la presunta falta de motivos reales del FinCen para acusarlos de blanquear capitales y tomar una medida tan desproporcionada cómo apearlos del negocio bancario al vetar la operativa en dólares, la principal divisa del sector.

Los representantes legales de la institución presentaron alegaciones a la causa la semana pasada y dejaron la gran incógnita en el aire: ¿Por qué señalaron a BPA? ¿Qué operaciones se quedaban al margen de la ley? Se espera una resolución del tribunal en menos de un mes.

Auditoría pendiente de presentar

A lo largo de los últimos 11 meses se ha especulado que la banca andorrana trabajaba para mafias de América Latina o de China, pero por el momento no ha salido a la luz ninguna operación dudosa con nombres y apellidos. Se ha aplicado una auditoría muy severa por parte de PWC con criterios más conservadores que la legislación vigente en el Principado cuyas conclusiones están pendientes de presentar.

Cinca se comprometió a divulgar el primer borrador en verano, pero no lo hizo. Tampoco dio el paso en la recta final de 2015, cuando los empleados de PWC empezaron a abandonar el Principado tras acabar su trabajo. Otro elemento que se añade a las dudas anteriores sobre las presuntas ilegalidades cometidas por BPA.

De hecho, el ministro ha reconocido abiertamente que el 95% de los activos están limpios y están listos para pasar a la entidad puente, Vall Banc, cuando se encuentre a un grupo financiero interesado en comprar los restos de BPA. El cuaderno de venta se mueve desde hace meses, pero por el momento sin ningún interesado en pujar.

Excarcelación de Joan Pau Miquel

La intervención cada vez tiene menos adeptos dentro y fuera de Andorra. Además, el Gobierno de Martí ha sido acusado de provocar la nota del FinCen por su pasividad en remitir información a EEUU sobre el banco intervenido y no avisar a sus accionistas mayoritarios sobre las dudas en torno a su negocio.

La Notice de marzo de 2015 provocó la intervención del banco en Andorra y la quiebra de su filial en España, Banco Madrid. También tuvo una consecuencia mucho más allá del negocio financiero: provocó la detención primero y la entrada en la cárcel después del primer ejecutivo de ambas entidades, Joan Pau Miquel. La magistrada que lleva el caso BPA en el Principado, Canòlic Mignorance Cairat, le imputó un delito mayor de blanqueo de capitales y decretó su ingreso en prisión provisional el 16 de marzo.

Denuncia internacional

El banquero sigue allí a pesar de la falta de pruebas y de que no hay noticia del inicio del juicio. Se ha iniciado una recogida de firmas para pedir su excarcelación, una causa a la que se ha unido el líder de Jarabe de Palo, Pau Donés. Incluso se intenta organizar un concierto solidario con grandes nombres de la cultura catalana para denunciar que se ha privado de libertad a Miquel de forma arbitraria.

La situación es cada vez complejos y se ha iniciado la búsqueda de los verdaderos culpables del caso BPA en el Principado. La pelota está en el tejado del Gobierno.