El PSC exige la gestión pública de la T-Mobilitat

El PSC ha abierto un boquete a una de las grandes privatizaciones de la última legislatura de Artur Mas: la modernización del sistema tarifario del transporte en Barcelona y su área de influencia, el denominado contrato de la T-Mobilitat. Los socialistas han pedido a la nueva consejería de Territorio, liderada por Josep Rull, y a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) que revisen el contrato y fomenten la gestión pública de la iniciativa.

La petición se ha articulado desde la vicepresidencia de Transporte y Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona, encabezada por Antoni Poveda, donde se mueven el 80% de los usuarios de la red.

El también alcalde de Sant Joan Despí reivindicó en un encuentro con la prensa este martes que el “despliegue, control de la información y la relación con los usuarios se ofrezca desde el sector público y no corresponda a los privados”.

Control de los privados

El edil socialista indicó que los privados que se han quedado el servicio pueden diseñar y desarrollar una plataforma informática y dejar el control a los operadores públicos del sector. El contrato firmado señala que, además del diseño y la implementación del nuevo sistema de gestión del transporte público en 253 municipios, los gestores del servicio ejercerán de intermediarios entre las administraciones implicadas en la red y los 5,6 millones de usuarios activos.

La T-Mobilitat fue polémica desde el primer momento por ello. El proyecto, que nació con Santi Vila como responsable de Territorio, también levantó polvareda porque la consejería no convocó un concurso público al uso, la adjudicación se realizó por concurrencia. Se invitó a varias empresas a la licitación y al final se negoció con una de ellas.

Caixabank, Fujitsu, Indra y Moventia

El único consorcio que llegó al final del proceso fue el encabezado por Caixabank junto a Fujitsu, Indra Sistemas y Marfina (filial de Moventia). Gestionará la T-Mobilitat los próximos 15 años a la razón de unos 66 millones que pueden alcanzar finalmente los 72.

La futura red de transporte público en Barcelona debe acabar con el sistema actual de reparto del territorio en zonas y vincular el precio del billete a la distancia recorrida. El contrato indicaba que se debería implementar un sistema en que los títulos de transporte se adapten a las necesidades de cada usuario del servicio, se puedan validar mediante un sistema contact less e incluso a través del móvil.