El poder casi omnímodo de Florentino Pérez, presidente del grupo de construcción y servicios ACS, en el madrileño universo de los negocios es de sobras conocido. Tratándose de árbitros, sin embargo, se asocia al empresario con su club, el Real Madrid. Pero no todos los árbitros que pueden vincularse a Floro pisan el césped. Al contrario, algunos únicamente circulan entre despachos, gabinetes de abogados y tribunales que deben dirimir las diferencias entre empresas.

La firma barcelonesa Abertis y la madrileña Bankia le está echando un pulso a Florentino con un árbitro como protagonista. Se trata de una desavenencia nacida cuando la compañía participada por La Caixa (24,14%) y OHL (16,06%) participó del capital de las empresas que debían explotar las concesiones de las autopistas radiales de Madrid, las llamadas R-3 y R-5, ambas en concurso de acreedores.

Relación con quien debe desempatar 

Los inversores que entraron en aquel proyecto fueron cuatro: Abertis (35%), Sacyr (25%), Bankia (20%) y ACS (20%). La sociedad que constituyeron, Alazor Inversiones, firmó un pacto de socios que ha sido objeto de controversia entre sus firmantes. En 2013, Abertis y Bankia decidieron abandonar el proyecto. ACS y Sacyr se opusieron. Al final se solicitó un laudo arbitral a la Corte de Madrid que fue dictado a mediados de 2014 y que daba la razón a las dos constructoras frente a la empresa de autopistas y el banco.

Ahí nacen de nuevo las sospechas. El laudo ha sido paralizado por la oposición de Abertis ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha solicitado su anulación. ¿Cuáles son las razones? La empresa barcelonesa considera que no resultó independiente ya que el presidente del tribunal encargado de mediar en la cuestión, José María Alonso Puig, tiene claras vinculaciones profesionales con la empresa de Florentino Pérez. El tribunal ha escuchado sus razones.

La abogacía, pendiente 

Toda la abogacía madrileña está ahora pendiente de la resolución de este caso, que pone en tela de juicio la independencia del arbitraje practicado. De hecho, para nominar a los encargados de ese litigio se prescindió de casi 50 candidatos por los vínculos directos o indirectos que mantenían con los implicados.

Alonso Puig y dos acompañantes más encargados de dictar el laudo presentaron en febrero de 2013 la preceptiva declaración de independencia, una especie de certificación que asegura que no tienen ningún tipo de conflicto de interés con los implicados en el caso. El tribunal madrileño tomará declaración a nuevos testigos, entre ellos abogados del bufete Garrigues. Alonso Puig es hoy el jefe español del despacho Baker & McKenzie, aunque antes pasó por Garrigues.

Conglomerado vallisoletano 

Los argumentos esgrimidos por Abertis ante los tribunales es la relación que mantiene el hombre que presidió el arbitraje con Florentino Pérez y sus empresas. El jurista es consejero de Corporación Llorente, un conglomerado vallisoletano de sociedades con intereses en la construcción y las energías renovables que ha logrado negocios conjuntos con ACS en diversas ocasiones.

Una de las filiales de ese holding castellano, Collosa, es adjudicataria de algún tramo del AVE a Galicia junto con ACS, la firma del presidente del Real Madrid.