Más de 500 afectados por la intervención de Banca Privada d'Andorra (BPA) se han adherido en los últimos días a la demanda colectiva por daños y perjuicios contra el Estado andorrano que impulsa la Plataforma de Afectados BPA. El plazo límite para reclamar por vía judicial se agota el 10 de marzo, justo un año después de la intervención de la entidad.
Según recuerda la propia plataforma, pueden adherirse inmediatamente a la demanda colectiva los clientes de BPA afectados y residentes en Andorra, mientras que los de otros países deben incluir en el trámite una apostilla de La Haya.
La plataforma nació poco después de la intervención de BPA, agrupando a unos 200 afectados, y en junio del año pasado fue reconocida como interlocutora válida en el caso por la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias andorrana.
Además de la demanda que prepara esta plataforma, los máximos accionistas de BPA, la familia Cierco, ya reclamaron en su día daños y perjuicios, por vía administrativa, contra el Gobierno de Andorra y el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), supervisor del sistema financiero del Principado.