Bruselas ha pedido explicaciones al Gobierno sobre la indemnización de 1.350 millones abonada a Escal UGS, filial de la constructora ACS y gestora del almacén submarino Castor. La Comisión Europea recaba información para determinar si el pago supuso una ayuda ilegal del Estado al grupo que preside Florentino Pérez.
La decisión de los inspectores de la Comisión Europea llega a raíz de una queja oficial elevada por Cecot, Fepime, Centre Metal·lúrgic y el Consejo Intertextil Español en julio. Las patronales arguyeron entonces que la compensación económica podría causar distorsión de la competencia.
Terremotos
Cabe recordar que el almacén submarino de gas natural se encuentra inactivo desde julio de 2013, después de que se produjeran cerca de 500 terremotos en la zona. Un año después, en junio de 2014, ACS comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que renunciaba a la concesión para gestionar la infraestructura.