El Gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presidido por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha iniciado un proceso para modificar el contrato marco con el que se creó la sociedad mixta que gestiona el agua en el territorio, la compañía participada por Agbar (85%) y la administración supramunicipal (15%).

La vicepresidenta del área de Medio Ambiente, Janet Sanz (BComú), presentó el pasado 29 de septiembre un expediente para alterar las atribuciones de la empresa mixta. En el decreto publicado alega que se debe alterar por la “variación de la cotización media de la deuda del Estado que determina el coste financiero de los activos del servicio de abastecimiento establecidos en el acuerdo marco”.

Alegación de Agbar

Acompaña su petición con un informe técnico en el que se alude a la actualización de los indicadores de la calidad del servicio y la revisión de los gastos de I D i. El propio documento “reconoce que estos dos no serían causa habilitadoras para revisar el acuerdo marco”, indica Agbar en las alegaciones presentadas para defender el contrato.

El escrito, presentado como hecho relevante en la Bolsa de Luxemburgo, donde la compañía lanzó una emisión de bonos en 2014, defiende la falta de competencia de la dirección de medio ambiente del AMB para iniciar un proceso que debería decidirse en el consejo metropolitano, con representación de todas las fuerzas políticas de la administración. Asimismo, se muestra muy crítico con el papel que ha ejercido el director del área, Joan Pinyol, para iniciar el proceso.

Polémico papel de Joan Pinyol

Pinyol es una político que viene del denominado sector negocios de CDC. Se incorporó al gobierno del AMB en agosto por decisión de BComú y el proceso para alterar el contrato marco de la sociedad mixta ha sido una de sus primeras decisiones, indican fuentes de la administración supramunicipal.

No es la primera ocasión en la que intenta eliminar la sociedad. El que fuera gerente de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) durante el primer mandato de Artur Mas --después ocupó el mismo cargo en Incasòl--, es uno de los ideólogos del fiasco de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y la persona que pidió y firmó el informe que usó Acciona Agua para presentar su recurso contra el proceso de creación de la empresa mixta por la vía de lo contencioso administrativo primero y la plataforma Aigua es Vida después en la querella penal contra el mismo proceso. En ella, se señalaba a cuatro técnicos del AMB y a los políticos de CiU y el PSC del consejo metropolitano que facilitaron la creación de la sociedad participada por Agbar.

Procesos judiciales sin éxito

El TSJC archivó la demanda de Acciona, que se interpretó como una venganza por la guerra del agua con el proceso de ATLL y contó con el apoyo de la Generalitat de Cataluña en el proceso (el Gobierno de Artur Mas litigó con Xavier Trias, entonces presidente de la AMB e impulsor de la creación de la empresa mixta) y el Supremo desestimó el recurso presentado posteriormente. Tampoco ha prosperado la querella por lo penal, que ha fue archivada el 30 de noviembre sin posibilidad de presentar recurso.

Ahora, el Gobierno de la AMB compartido entre BComú y el PSC debe decidir si prospera la modificación del contrato marco o atiende las alegaciones de Agbar. El proceso sigue vive.