Los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, han aumentado la presión en los tribunales de Estados Unidos para recuperar la gestión de la entidad intervenida desde el pasado marzo y a punto de desaparecer. El coordinador legal de la familia en EEUU, Eric Lewis, ha presentado una nueva demanda contra el departamento del Tesoro estadounidense y la agencia dependiente que se encarga de controlar el blanqueo internacional, el FinCen, para ganar mayor celeridad en el procedimiento abierto.

Se trata de un proceso basado en la figura del juicio sumarísimo, muy empleada en la justicia del país y que equivaldría a un juicio rápido en materia de lo civil en el ordenamiento español. Lo que los Cierco intentan, tal y como indican en un comunicado, es que el tribunal “dé por acreditados una serie de hechos que son, a juicio de los demandantes, incuestionables e irrefutables” de forma paralela al estudio de la primera demanda.

Decisión irreversible

Remarcan el daño que causó la nota emitida por el FinCen en marzo que propició la intervención de BPA, la Notice of Finding, y alerta de que “cada día que pasa es más factible que la repercusión de la nota se convierta en irreversible”.

Si la primera causa judicial contra el Tesoro y el FinCen cuestionaba que la agencia estadounidense hubiera actuado con los procedimientos establecidos y con el respeto de principios básicos como el derecho a la defensa (ponía de relieve que el proceso contra BPA ha sido “inconstitucional e injustificable”), en esta ocasión incide en la finalidad de la nota.

Advertencia

A juicio de los demandantes, la iniciativa real ha sido una “advertencia contra toda la plaza financiera andorrana, como se ha demostrado a partir de otras actuaciones de la agencia dependiente del Tesoro estadounidense”.

También aseguran que queda acreditado que “la actuación encaminada a cerrar un pequeño banco de una jurisdicción lejana e insignificante para EEUU, pero que se resistía a cumplir con los mandatos del FinCen, tenía como objetivo llamar la atención de forma global y avisar al resto de entidades de la plaza y el país de la situación en la que se podría encontrar a menos que se ciñera a lo que marcaban las autoridades financieras estadounidenses en relación al lavado de dinero”. Es decir, que la causa abierta contra BPA era únicamente ejemplarizante y sin derecho a la defensa.

Pena de muerte de una entidad

“El problema de fondo es el proceso irresponsable e ilegal del Fincen”, indica Lewis en el comunicado. “Esta institución emitió su Notice of finding sabiendo el daño que causaría la destrucción de un banco solvente, que era totalmente compatible con su régimen regulador”.

Asimismo, remarcan las palabras del subsecretario de Tesoro para asuntos relacionados con el Terrorismo y la Inteligencia, David S. Cohen, ante el Senado. En una de sus intervenciones, afirmó que las autoridades americanas son conscientes de que cuando el FinCen emite una nota como la que publicó en relación a BPA, privando a un banco de operar en dólares, lo que se está dictando, de hecho, es “la pena de muerte para cualquier banco internacional”.

Liquidación en el Principado

“Esperamos que el tribunal se ocupe rápidamente de este asunto de modo que BPA pueda remediar las consecuencias desastrosas que la acción impropia del FinCEn puede tener en los empleados, los clientes y los accionistas de BPA”, remarca el letrado estadounidense de la familia Cierco.

Todo ello ocurre mientras en el Principado se sigue con la liquidación del banco intervenido. Ya se trabaja en la búsqueda de un posible comprador del banco puente al que se migren los activos sanos (el 95% de los clientes) de BPA, Vall Banc.