Los problemas financieros de la Generalitat impiden también mantener al día el pago que se realiza a los grupos de telecomunicaciones que trabajan para el sector público. Las facturas pendientes alcanzan en estos momentos los 270 millones de euros y la previsión para los próximos meses es que los números rojos crezcan, según los afectados.

El Gobierno catalán privatizó sus telecos en septiembre de 2012 mediante el denominado contrato del siglo, un megaconcurso que movilizó 2.800 millones de euros. El método que se escogió para buscar a los proveedores fue revolucionario en ese momento, ya que se optó por diálogos competitivos, una fórmula en la que por cada servicio que se necesitaba se convocaba una mesa para que los participantes propusieran las soluciones ideales y se fomentara la creación de join ventures con participación de grandes compañías y grupos locales.

Contratos hasta 2022

Al final, de todo el capital movilizado 1.060,92 millones se lo repartieron entre Telefónica y T-Systems. Los 1.739,08 millones restantes se los llevaron otras 14 sociedades. Entre ellas, IBM, Indra, HP u otras firmas locales como VASS o Microsistemas. A ello se le deben sumar las subcontratas, fuera del alcance de la adjudicación.

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), dirigido en ese momento por Carles Flamerich y con Jordi Escalé al frente desde noviembre de 2013, fue el que firmó los contratos. Los adjudicatarios mantendrán el servicio hasta como mucho 2022 y una de las partes que se incluía en el proceso fue el canon por el servicio pactado se llegaría a pactar cada mes.

Servicios sensibles

Esta parte también se ha incumplido. Los afectados denuncian que los problemas económicos son continuos desde el mismo momento de la adjudicación. Con todo, nunca se ha llegado a amenazar al gobierno catalán por la sensibilidad de los servicios que se incluyeron en la privatización.

Se incluyen desde facilitar el acceso a Internet de todo el sector público catalán o a facilitar las plataformas de almacenamiento y procesamiento de datos (CPD) de todos los departamentos a incluso la gobernanza de estas infraestructuras. Es decir, su fiscalización.

CTTI: déficit estructural de 63 millones

El objetivo del contrato del siglo era modernizar las telecos de forma más barata, ya que los contratos firmados incluían planes de inversión que se han completado de forma desigual. Pero, precisamente, por los impagos acumulados se ha dado más margen a las compañías para que las completen.

El CTTI es una empresa pública que se implementó para proveer, precisamente, de servicios de telecomunicaciones y tecnológicos a la Generalitat. El sector público le encarga, y paga, por ello. El problema es que las cuentas tampoco cuadran en este capítulo. El déficit estructural de la sociedad alcanza los 63 millones de euros.

Dirección general de Telecomunicaciones

La empresa debería trabajar codo con codo con la dirección general de Telecomunicaciones, que forma parte de la consejería de Empresa y Ocupación y está liderada por Jordi Puigneró. Además de marcar las líneas maestras del sector, gestiona la parte más sensible de las telecos públicas, como el Cesicat, el denominado CNI catalán.

Es una de las denominadas estructuras de estado y se deberá convertir en Agencia Pública de Ciberseguridad, aunque se hizo famoso en la última legislatura por la filtración de sus actividades. El organismo vigilaba de cerca de movimientos antisistema o a activistas sociales para detectar convocatorias de protesta.

Parte de los servicios del organismo también están privatizados y se gestionan de forma externa.