Las proyecciones que hace el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre el futuro de las pensiones distan mucho de los cálculos de los expertos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo encargado de velar por la transparencia de la contabilidad pública española.
Del análisis de los números del Gobierno se desprende que en el periodo 2016-2021, efectivamente, el número de pensionistas crecerá a un ritmo del 1%, mientras que el gasto de la tasa de sustitución lo hará al 1,55% debido a la diferencia entre el valor de las pensiones que se dan de baja y las que entran en el sistema.
Previsión de ingresos "optimista"
Sin embargo, las previsiones de ingresos que hace el ministerio son, a juicio de la Airef, “optimistas”, un eufemismo que quiere decir irreales. Tanto, que para el periodo 2016-2018 la probabilidad de que se cumplan los cálculos oficiales de ingresos son escasas. Por debajo del 10% en el 2019 y del 20% en los años 2020 y 2021.
Con los mismos datos suministrados por el propio Ejecutivo, los expertos fiscalistas llegan a la conclusión de que las desviaciones que se van a producir en el capítulo de recaudación este año y el próximo van a condicionar el sistema de tal forma que a ser muy difícil que en 2021 se alcance la previsión de ingresos. De hecho, para ese año las posibilidades de que se cumplan no llegan al 40%.
La ejecución no acompaña
Los Presupuestos Generales del Estado prevén que la Seguridad Social tendrá este año unos ingresos superiores a los de 2014 en un 6,8%. Sin embargo, a finales de septiembre la recaudación sólo superaba en un 1,5% la del año anterior; y en los primeros nueve meses del año la ejecución presupuestaria presentaba un déficit de 5.560 millones entre los ingresos y las obligaciones de gasto.
Aunque la Airef es un organismo autónomo del Gobierno, los resultados de su fiscalización suelen explicarse de forma muy prudente, muy diplomática; tanto que a veces cuesta más trabajo entender sus pronunciamientos que los del BCE o a los de la Reserva Federal de EEUU, que ya es difícil.
Detrás de esos jeroglíficos late el deseo de sanear las cuentas del sistema público de pensiones y, sobre todo, de clarificar sus fuentes de financiación. De transparencia, sobre todo. De momento, el Gobierno ha hablado de la posibilidad de costear con impuestos las pensiones de viudedad y de orfandad, pero a medio y largo plazo habrá que tratar sobre cómo financiar el resto de las prestaciones.