La presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol Daurella, y su mano derecha y director general del grupo, Víctor Rufat, deberán declarar ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza el próximo martes 3 de noviembre acusados de los delitos de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores en la compra de Cacaolat. Acudirán al tribunal acompañados del director general de la firma de batidos, Francesc Lluch.

Han conseguido iniciar la causa los 56 trabajadores de la factoría de Leche Utebo en la capital aragonesa. La planta que el titular del Juzgado de lo Mercantil 6 de Barcelona, Francisco Javier Fernández, adjudicó junto al resto de activos de la unidad productiva del grupo Cacaolat a un consorcio formado por Cobega (el núclo central de la embotelladora), la cervecera Damm y la consultora especializada en reestructuraciones empresariales Victory Corporate Turnaround en noviembre de 2012.

Compromiso de inversión

De esa forma concluía el concurso de acreedores de la firma de batidos y leche Sali, la marca producida en el grupo y que se distribuía en Aragón, que había sido propiedad de la Nueva Rumasa de la familia Ruiz-Mateos.

El consorcio se comprometió ante el magistrado de lo mercantil, entre otras condiciones, a inyectar 66 millones de euros que se repartían entre la antigua factoría de Grupo Damm en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), a la que se destinarían 62 millones para adecuar las instalaciones; y la planta de Zaragoza, donde debían llegar cuatro millones para aplicar mejoras tecnológicas en la factoría. El problema es que este plan nunca se cumplió.

Fábrica cerrada

Los trabajadores denunciaron en diciembre de 2014 que los compradores nunca aportaron un euro a la factoría. Tampoco empujaron la comercialización al incluir leche Sali en los canales de distribución que Cobega y Damm explotaban. Aseguran que los únicos esfuerzos del consorcio estaban centrados en buscar a un comprador para la factoría. Aplicaron dos expedientes de regulación de empleo y acabaron en la calle los 100 trabajadores que habían resistido la tutela del tribunal de lo mercantil, con indemnizaciones de 33 días por año trabajado. La fábrica bajó la persiana en noviembre de 2013.

Los últimos 56 en salir de la factoría decidieron que querían "que se hiciese justicia", tal y como aseguran sus portavoces, e iniciaron el proceso por lo penal. Cuentan con el apoyo del gabinete jurídico de UGT de Aragón y, sobre todo, de uno de los decanos del derecho penal en Zaragoza, el letrado Eladio Mateo.

Respaldo de la Audiencia de Zaragoza

Los trabajadores se sienten fuertes porque, en el último año, la Audiencia de Zaragoza declaró que la causa se debía instruir por los hechos denunciados. Se decidió por unanimidad de los tres magistrados de la sala, por lo que consideran que es un muy buen punto de partida.

Además, señalan que la viabilidad del proyecto se demuestra con la reapertura de la factoría hace un año por un grupo de pequeños inversores locales. Retomaron la producción con una plantilla de 15 personas.

El miércoles 11 de noviembre están citados en el mismo tribunal y por la misma causa el administrador único de Victory Corporate, Luis Victory; y dos representantes de la empresa cervecera, J. V. y D. C.