El Tribunal Laboral de Cataluña recibirá este miércoles a la dirección y a los trabajadores del Gran Teatro del Liceu, emblema de la burguesía catalana. El encuentro se hace a petición de los primeros con una propuesta bastante inédita sobre el tapete: que el órgano dependiente de la Generalitat considere ilegal la huelga convocada en la compañía y que, como medida cautelar, impida la protesta mientras dure la negociación.

El detonante del conflicto laboral está en la devolución de una de las dos pagas extras vigentes en la compañías hasta 2017. Esta medida se pactó junto a un recorte del 5% de la retribución de los trabajadores, en línea con los ajustes aplicados en el sector público en 2010, a pesar de que no hay ningún funcionario en plantilla.

Devolución de las pagas extra

Los trabajadores consideran que el ciclo económico ha cambiado y que, como mínimo, se debe renegociar el retorno de las pagas extraordinarias, que en 2014 se acordó devolver a partir de 2018 en mensualidades en forma de plus de compensaciones. La dirección, encabezada por Roger Guasch, propuso avanzar la devolución a 2016 en cinco mensualidades, pero el comité de empresa, controlado por CGT junto a CCO, UGT y USOC, pactó por unanimidad rechazar la medida y convocar una huelga cuyo coste se fija en dos millones de euros.

La plantilla pretende paralizar la representación de la ópera Benvenuto Cellini al convocar paros de dos horas de todos los trabajadores, incluidos los músicos y el coro, los días de función. También protestarán dos horas por la mañana, aunque esta parte de la huelga no afectará a las representaciones infantiles programadas para extender la cultura de la ópera entre los más pequeños.

Las cuentas, en juego

Fuentes de la dirección del gran teatro señalan que el acuerdo laboral tiene vigencia hasta 2017, por lo que ahora no se debería iniciar una nueva negociación. También alertan de que si el Liceu no puede levantar el telón el próximo domingo 8 de noviembre, será muy complicado cuadrar las cuentas de este ejercicio.

El gran teatro de la ópera catalana ha reclamado tanto al Ministerio de Cultura como a la Generalitat de Cataluña que amplíen su aportación económica actual, que supone el 85% de su facturación (45% del Estado y 40% de las arcas catalanas). Los mismos interlocutores reconocen que, con los gobiernos en funciones actuales, es complicado conseguir la mejora. Por lo que la alternativa posible es el recorte del capítulo de gastos para reducir las pérdidas a lo mínimo posible.

El Liceu está inmerso en un plan para estratégico para recuperar su viabilidad que estará vigente hasta 2017.