El jefe del Gobierno de Andorra, Antoni Martí (izquierda), y el ministro de Finanzas, Jordi Cinca (derecha)
Andorra cifra en 20 millones de euros la resolución del ‘caso BPA’
La factura que asumirá la AREB incluye el coste de la auditoría de PwC y los costes de los procesos judiciales en el Principado
21 octubre, 2015 21:08La resolución del caso BPA costará más de 20 millones de euros a la sociedad pública que tutela la entidad, la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB). El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno del Principado, Jordi Cinca, manifestó este miércoles tras la reunión semanal del gabinete ministerial que el presupuesto de la agencia puede llegar a los 20.022.000 euros. Esta cifra incluiría el coste de la auditoría realizada por PwC de la que aún no se ha publicado la concesión y los costes de los procesos judiciales abiertos en el Principado.
Esta cifra se incluye en el presupuesto marco de la AREB, según la explicaciones de Cinca, que alcanza un total de 20,7 millones. El resto del capital correspondería a los gastos ordinarios de la gestión del banco.
Crédito
El elevado costa llevará al Ejecutivo de Antoni Martí ha tener que ampliar los recursos previstos este año para la agencia, que se había cifrado inicialmente en 21,5 millones. Es el órgano legislativo del Principado, el Consell General, el que deberá aceptar un proyecto de ley con el objetivo de solicitar un crédito extraordinario para cubrir la factura. Se escoge esta vía con el objetivo que la AREB pueda devolverlo posteriormente, según las explicaciones de Cinca.
El Gobierno no ha especificado de dónde sacará los fondos la agencia para ejecutar los pagos, en el caso de que el plan de financiación reciba el visto bueno del legislativo.
Denuncia de los propietarios
El Ejecutivo mantiene su intención de traspasar los supuestos activos sanos de BPA a un banco puente, Vall Banc, para venderlo posteriormente a un tercero. No tiene en cuneta la denuncia realizada por los accionistas mayoritarios de la entidad, los Cierco, sobre las presuntas irregularidades en el proceso, que se inició a raíz de un informe del departamento que investiga el fraude fiscal del Tesoro de EEUU, el FinCen, que también ha sido recurrido judicialmente, ni de la reclamación judicial de 365 millones por las pérdidas de la intervención de la entidad en el Principado.
