La Generalitat de Cataluña ha movido ficha ante el escándalo de las emisiones de Volkswagen. Tres semanas después de que saliera a la luz la instalación de un software en unos 9,5 millones de motores diésel EA 189 (la cifra inicial era 11 millones), el consejero de Empresa en funciones, Felip Puig, ha mostrado públicamente sus sospechas sobre el hecho de que la manipulación sólo se haya detectado en el consorcio alemán.
Sin aportar más datos que sus sospechas, Puig extendió a todas las automovilísticas la eventual falsificación de esas emisiones y mostró sus dudas respecto a una presunta actuación de la competencia para frenar el crecimiento del negocio del consorcio alemán.
El consejero se extraña
“Me extraña que sólo tenga estos problemas el Grupo Volkswagen y me extraña que este problema haya aparecido cuando se había convertido en el primer productor mundial por delante de Toyota”, manifestó tras un encuentro con los máximos representantes de UGT, Matías Carnero, y CCOO, Rafael Guerrero, en la marca española del consorcio, Seat, a la que también ha acudido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los secretarios generales de ambos sindicatos en Cataluña.
Esta ha sido la forma elegida por el Ejecutivo catalán para intentar apoyar a un grupo que genera de forma directa 14.000 empleos entre la sede central de Martorell (Barcelona), la planta de Zona Franca y las oficinas de Barcelona.
Distancia con el ministro Soria
También marca distancias con los patinazos protagonizados con el ministro de Industria, José Manuel Soria, respecto a la crisis. Tras reunirse con los sindicatos del grupo y de la industria en España el pasado martes, acordó la puesta en marcha de una comisión de seguimiento para informar de la evolución de la crisis del dieselgate.
El objetivo de la comisión es asegurar al máximo posible que la inversión prevista no se vea malograda por la crisis que vive el grupo automovilístico tras el estallido del escándalo. Volkswagen tenía previsto destinar a sus plantas españolas 4.200 millones en el plazo de cuatro años. El grueso, unos 3.200, estaban destinados a sus instalaciones en Cataluña y el resto a la planta de Landaben, en Navarra, donde se fabrica el modelo Polo.
Puig también se lamentó públicamente de que el escándalo haya surgido cuando Seat estaba a punto de superar las pérdidas y recuperar los beneficios gracias a su buen momento de ventas. El impacto de la crisis de la falsificación de las emisiones se notará en el negocio del primer trimestre de 2016 por el ritmo de la producción automovilística.