El plan del Gobierno de Andorra para sacar a flote Banca Privada de Andorra (BPA) al traspasar los activos de la entidad al nuevo Vall Banc topa con un nuevo problema: la negativa de los actuales proveedores de las infraestructuras informáticas internas a renovar los servicios que presta. Esto, en la práctica, implica la paralización de la operativa de la entidad y añade otra incertidumbre al plan del Ejecutivo liderado por Antoni Martí. También implica otra derivada más grave para el Principado por las dudas que aparecen de nuevo sobre su solvencia.

Standard & Poor’s (S&P) ya dejó al borde del bono basura el rating del país el pasado marzo, al inicio del caso BPA. Rebajó en junio la presión al dejarlo en un aprobado raspado (BBB-). Retiró la amenaza de rebajar de nuevo el rating porque el Ejecutivo tenía un plan para resolver el problema que tenía sobre la mesa, pero las últimas novedades del caso han encendido de nuevo las alertas del calificador, indican fuentes cercanas a S&P.

Reclamación de daños causados

La posible paralización de la operativa, que hasta la fecha realizaba la multinacional estadounidense IBM, sería la gota que colmaría el vaso. A eso se le suma la necesidad de Ejecutivo del Principado de provisionar los 365 millones de euros que le reclaman los accionistas mayoritarios del banco, los Cierco, por los daños causados por sus presuntas negligencias, omisiones y actuaciones en la gestión del caso BPA. La cifra es muy importante, sobre todo sabiendo que el país funciona con un presupuesto cercano a los 400 millones.

Los Cierco aseguraron en su reclamación administrativa que emprenderán una nueva vía judicial si el Ejecutivo y el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) desestiman u omiten una respuesta a su petición. La causa sería paralela a las que la familia ha emprendido tanto en el Principado como en Madrid y en EEUU contra el propio Tesoro para recuperar el control de la entidad, su principal filial, Banco Madrid, y restituir su derecho al honor.

Resultados de la auditoría

Las sospechas sobre la pulcritud de la gestión del Gobierno de Martí, bajo la lupa de los calificadores internacionales, se incrementan al no publicarse las conclusiones de la auditoría que PwC realizó desde el momento en el que se intervino la entidad. No se dan a conocer por las discrepancias en sus resultados que han surgido.

El bufete mantiene el silencio sobre el caso por la responsabilidad adquirida con un cliente, pero desde su entorno señalan que los jefes del grupo de auditores que han trabajado durante más de medio año en el Principado no están cómodos con las injerencias políticas en los documentos, y se niegan a firmarlos.

El hecho factible es que el grueso del operativo de técnicos desplegado por PwC ya ha abandonado el Principado y nadie sabe el resultado de su trabajo. Ni siquiera la oposición, que ha solicitado en reiteradas ocasiones recibir o bien el informe final o el borrador que debía estar listo en verano.

Críticas internas

Dentro del país las críticas al Ejecutivo por las derivas del caso BPA también se multiplican. Los clientes, con las cuentas bloqueadas desde el inicio de la intervención, han visto en las últimas semanas cómo los números que identificaban sus ahorros en el banco, el gran atractivo del sistema financiero andorrano, se cambiaban con sus nombres y apellidos por orden de la juez instructora. Algo que desde fuera del Principado parece absolutamente normal pero que en el país es una vulneración importante, incluso para quienes no tienen grandes fortunas. Es la tradición, y se ha roto.

Incluso han surgido problemas con el acuerdo que el Ejecutivo firmó con los trabajadores del banco que deberán abandonar la entidad por las dudas legales que presenta el pacto firmado, que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) ni está en manos de los representantes legales de los afectados.

IBM marca distancias

IBM ha querido marcar distancias con la dimensión que está tomando el caso, señalan los mismos interlocutores. No se descarta que otras empresas de software que ofrecían servicios adicionales a BPA le imiten, lo que paralizaría aún más su operativa e incrementaría la complejidad de la gestión pública de la entidad.

El proceso está lleno de dudas y la ejecución del plan de reestructuración que diseñó el Ejecutivo a través de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), una institución creada ad hoc, también se complica incluso desde el plano técnico. Los calificadores piden que se despejen las incógnitas para evitar la nueva rebaja del rating del país.