La familia Cierco, propietaria del 75% del capital de Banca Privada de Andorra (BPA), ha presentado una reclamación contra el Gobierno de Andorra y el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), supervisor del sistema financiero del Principado, por los daños causados por sus negligencias, omisiones y actuaciones en la gestión del caso BPA.

Estas decisiones, a juicio de los demandantes, suponen una enorme pérdida de valor económico de la entidad bancaria con el consiguiente perjuicio económico para la familia Cierco y el resto de accionistas. Diferentes informes económicos independientes han valorado el Grupo BPA antes de la intervención del INAF --incluidas las filiales del territorio andorrano y el Banco Madrid, y otras empresas vinculadas a él-- en 482,8 millones de euros. Por ello, la familia Cierco, titular del 75% del capital de BPA, reclama a la administración andorrana 365 millones.

Requisito para ir a juicio

A juicio de los accionistas mayoritarios, existe una relación directa entre la actuación de la administración andorrana y el daño patrimonial irreversible ocasionado, que supone la liquidación de BPA. En cumplimiento de los mecanismos legales del Principado, la familia Cierco presenta esta reclamación contra la administración causante del perjuicio para, posteriormente y a falta de respuesta satisfactoria, iniciar el proceso judicial.

Este proceso podría ampliarse también contra la AREB (Agencia estatal de Resolución de Entidades Bancarias), si procede, por la acción expropiadora realizada con menosprecio de los derechos de propiedad legítima preexistentes. La exigencia de responsabilidades se haría extensiva a los miembros de los mencionados organismos, si hubieran tomado decisiones dolosas contra los intereses de los accionistas.

No hubo cálculo de los daños

Según Jaume Bartumeu, coordinador legal de la familia Cierco en el Principado, "las medidas promovidas por el Gobierno y el INAF contra los accionistas de BPA suponen una privación de bienes, derechos básicos e intereses patrimoniales legítimos. A la vista de los resultados de las investigaciones, la actuación del Gobierno y del INAF no estuvo precedida de una evaluación suficiente de los daños que sus decisiones y actuaciones podían causar al grupo BPA y al sistema financiero andorrano”.

Los argumentos que fundamentan la reclamación se dividen en dos grandes bloques: las omisiones protagonizadas por la administración andorrana antes del 10 de marzo y las actuaciones que habrían perjudicado BPA a partir de esa fecha.

Demandas y advertencias desoídas

Tanto el Gobierno como el INAF habrían llevado a cabo incumplimientos que, a juicio de los demandantes, han originado el daño patrimonial a la familia Cierco. La demanda resalta el hecho de que el Gobierno desoyó las advertencias y demandas de implementación de medidas que las autoridades estadounidenses hicieron a través de una nota verbal el 24 de agosto de 2014.

De este non paper no se habría informado ni a BPA ni a la Asociación de Bancos Andorranos (ABA). A su juicio, la respuesta evasiva y genérica dada por el ejecutivo andorrano a Estados Unidos habría precipitado la decisión, ya no contra el sistema en global, sino contra BPA.

Casos ya denunciados

También se pone de relieve que el INAF no actuó debidamente en relación a los casos a que el 10 de marzo terminaría aludiendo el FinCEN para acusar BPA.

El banco ahora intervenido había detallado al regulador casi un año antes del Notice of Findings una relación de casos de riesgos reputacionales, todos ellos bajo control judicial, que podían afectar a la estabilidad del sistema financiero. Tres de ellos fueron los mencionados por FinCEN, sin que el INAF hubiera tomado medida alguna en su día, perjudicando así la defensa de BPA.