El Gobierno de Andorra suma otra polémica en la gestión que realiza desde el pasado marzo de Banca Privada de Andorra (BPA). En esta ocasión, el Ejecutivo liderado por Antoni Martí se ha ganado las críticas en privado de los primeros gestores que eligió para tomar las riendas de la entidad tras su intervención. Se trata de un tridente de prohombres muy conocidos en el sector financiero del principado: Joan Quera, director hasta 2011 del ahora Mora Banc; su compañero en la entidad Santiago Guillén; y el ex director del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), Carles Salvadó.
Los tres desembarcaron en BPA casi de forma paralela a su intervención y estuvieron al frente del banco en los momentos más duros, cuando su futuro era incierto y se repetían día tras día las colas de clientes ante las oficinas para intentar retirar parte de sus ahorros del banco.
Mandato de tres meses
Su mandato se prolongó unos tres meses, hasta que el Martí pudo aprobada la denominada ley BPA y puso en marcha la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), la actual gestora del banco intervenido. De hecho, Quera, Guillén y Salvadó no guardan precisamente un buen recuerdo sobre su liderazgo en la entidad intervenida, indica la prensa del Principado.
Es notorio en el país las discrepancias que surgieron a lo largo de este tiempo entre los administradores mancomunados de BPA y el Gobierno y el INAF. Se quejaron de las injerencias políticas a sus gestiones y llegaron a parar los pagos que se realizaban a través del banco intervenido para evitar ninguna reclamación de responsabilidades personales por los problemas que habían detectado en el proceso.
Cláusula de incompatibilidad
La sorpresa de los gestores es que al intentar recuperar sus responsabilidades de corte institucional (por su trayectoria profesional ninguno está en activo) en otras entidades andorranas han conocido que el INAF incluyó una cláusula en su contrato que les impide trabajar en el sector durante dos años.
La institución pública considera probado que tienen en su poder información de un competidor que se podría usar para favorecer los intereses de otro banco, por ello la incompatibilidad. El problema es que los que fueron administradores mancomunados de BPA no eran conscientes de su existencia. Al menos, así lo relatan.