Presión a la CUP y Junts pel Sí para que se recupere la titularidad pública de ATLL

Las negociaciones para formar nuevo Gobierno en Cataluña van para largo, avisó el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, el pasado sábado. Dos días antes, las CUP habían puesto sobre la mesa sus condiciones para facilitar la investidura, guardándose mucho de afirmar públicamente que apoyaban o rechazaban al líder de CDC. Pero incluso en este momento de gran incertidumbre, el gran fiasco en la gestión de las dos mandatos de Mas, la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), es de nuevo actualidad por la presión que ejercen los independentistas radicales a la confluencia de CDC y ERC para que aborden de una vez por todas la concesión judicializada.

La petición la ha iniciado la plataforma Aigua és Vida, una de las más críticas con dejar la gestión del agua en manos de un privado cuyos directivos son cercanos a BComú. Para la formación asamblearia representada por Antonio Baños, priorizar la recuperación de la titularidad pública de la compañía en manos de Acciona, más que un reto es una de sus prioridades. Tal y como manifestó la cúpula de la organización en el acto del pasado jueves, para facilitar la creación de un Gobierno solicitará la reversión de privatizaciones de todo tipo. La de la gestión del agua era una de ellas.

El impulsor del proyecto lo anula

La paradoja del mapa político actual es que el impulsor de la privatización, el mismo político que ha evitado ofrecer los detalle en el Parlament y su defensor, de la mano de Acciona, de la adjudicación en los tres años que se ha prolongado el proceso, el propio Mas, podría ser el mismo que decidiera revertir el contrato con la compañía de la familia de los Entrecanales para conseguir la investidura. Incluso es posible que autorice la operación y que otra persona acabe en la presidencia de la Generalitat.

Todo ello, cuando desde enero de 2013 el Ejecutivo se ha resistido a cumplir con los mandatos judiciales que le pedían anular la concesión. El Gobierno de Mas, Acciona y la concesionaria del servicio (una empresa con los Entrecanales, el banco brasilero BTG Pactual y las familias Godia-Torreblanca y los Rodés) han perdido en todos los litigios iniciados en el TSJC y recurridos ante el Tribunal Supremo.

Es más, el máximo órgano judicial de España aún se debe pronunciar en última instancia sobre la privatización. Pero en esta ocasión tampoco se van a estimar, se trata de una cuestión de estrategia política.

Costes de reversión más altos

ERC también ha defendido desde el inicio del escándalo que la mejor resolución del caso ATLL sería la recuperación de la titularidad pública del servicio. Su proximidad con CDC y Mas ha evitado que la formación hiciera sangre con la concesión y avalara el enroque del Gobierno en mantener al consorcio liderado por Acciona al frente del servicio por la falta de recursos de la Generalitat para hacer frente a los costes de la anulación del contrato.

A pesar de que, tal como avisan fuentes especialistas en litigios en la administración, eternizar un conflicto de estas características la única consecuencia que produce es encarecer la factura final. Y no se trata de un coste nimio. El consorcio desembolsó casi 300 millones en efectivo y el Gobierno catalán se descontó del déficit público de 2012 los 1.000 euros totales de la privatización.

La petición de Aigua es Vida también cosecha apoyos desde la oposición. El PSC ya ha manifestado en varias ocasiones que la Generalitat debería acatar las sentencias y desde Catalunya Sí que Es Pot (CSQEP), la antigua ICV, se apuesta sin fisuras por la titularidad pública del servicio.

Apoyo de BComú

Aigua es Vida también tiene el apoyo de BComú en esta petición. Con todo, la líder de la plataforma y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fichó a uno de sus impulsores de las filas de CDC, Joan Pinyol, para ponerlo al frente, precisamente, de la gestión medioambiental del Área Metropolitana de Barcelona.

Participó en el diseño del concurso público y la concesión de ATLL al consorcio liderado por Acciona frente a otra oferta presentada por Aguas de Barcelona (Agbar) desde la gerencia de la Agencia Catalana del Agua (ACA). En el segundo mandato de Mas, cuando Lluís Recoder ya no era consejero de Territorio y Sostenibilidad, se le creó una dirección ad hoc en el Incasól.

Amenaza de un nuevo litigio

Las negociaciones para conformar un Gobierno de la Generaliat van para largo y el proceso judicial de ATLL sigue su curso. El consorcio liderado por Acciona y dejó claro que si pierde el contrato abrirá un nuevo litigio para defender sus intereses.