El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, superó este lunes una pseudo moción de confianza en el seno de la institución. Con 40 votos a favor de los 57 emitidos en una sesión (cinco en contra, siete en blanco y uno nulo), que se prolongó más de dos horas, el líder empresarial consiguió el respaldo del resto de miembros de la organización pero con varios matices, especialmente en el plano político.

El pleno extraordinario se inició con una reprimenda promovida por los miembros de FemCat al distanciamiento de Valls con el procés. El presidente no abrazó el independentismo, pero tampoco se situó en contra. Tras media hora de debate, la Cambra de Comerç se resituó en la defensa al derecho a decidir y en alinearse con las decisiones que apruebe la mayoría del Parlament, siempre que supongan el cumplimiento de la ley y el mantenimiento de Cataluña en la Unión Europea. Justo, al final, en las mismas tesis que ha mantenido desde el principio. Ni siquiera fue necesaria votación en este punto.

Institución parapública

Se trata de una institución parapública, se regula por el derecho público aunque se gestiona como institución privada. FemCat, el lobby nacionalista empresarial, exigió a Valls que no se vuelva a distanciar públicamente en contra de una iniciativa impulsado por un presidente de la Generalitat, como el proceso nacionalista de Artur Mas. Valls replicó que se mantenía donde siempre había estado y la mayoría del pleno lo refrendó por la naturaleza de la organización.

La tensión real del encuentro tuvo lugar en el segundo punto del orden del día del pleno extraordinario. Impulsado por el abogado Ramon Masià, los ejecutivos de La Cambra debían debatir sobre las críticas a la gestión de Valls y su ejecutiva. El presidente de la institución destinó el grueso de la sesión a defender a las iniciativas impulsadas los últimos años y a su equipo directivo. El abogado crítico, visiblemente nervioso y violento, acabó abandonando la sesión.

Valls no repetirá como presidente

Según los presentes, cuando Masià le reclamó tiempo para una contrarréplica, Valls le dejó unos escasos minutos para hablar. La tensión entre ambos se disparó y el abogado, que fue colaborador del presidente durante años, dejó la sala.

No llegó a participar en la pseudo moción de confianza que solicitó Valls, ampliamente refrendada por los miembros de La Cambra. Con todo, desde la institución se esperan gestos futuros para reformar la actual ejecutiva.

El actual presidente manifestó que no tiene intención de volverse a presentar a las elecciones de la organización, por lo que se prevé que prepare la transición en la dirección. Tiene tiempo. La Cambra no puede celebrar elecciones porque el Parlament ni siquiera ha debatido la futura ley de cámaras de comercio de Cataluña. Es una de las asignaturas pendientes de la próxima legislatura y nadie contempla que se aborde en, como mínimo, el próximo año y medio.

El negocio de Masià

El apoyo a Valls, con todo, merma las posibilidades reales de Masià de imponer una especie de gestora en la cúpula de la institución. Era una de las propuestas que se pretendía poner sobre la mesa, pero ni se llegó a plantear durante la sesión por los respaldos conseguidos por el presidente.

Masià era muy crítico con las medidas impulsadas por la institución para buscar recursos desde que las cuotas camerales dejaron de ser obligatorias a finales de 2010. Paradójicamente, el letrado --sobrino y estrecho colaborador de Antoni Negre, expresidente de la institución empresarial-- era el intermediario por el que habían de pasar todos aquellos con interés de acceder a los plenos camerales cada vez que tenían lugar elecciones. "Sólo le quedan cinco clientes", señaló con ironía un miembro del plenario a la salida de la reunión.

El ahora crítico Masiá estableció un negocio paralelo con el acceso a la institución que pasaba por abonar unas determinadas cuantías económicas que las empresas debían satisfacer para vencer en el epígrafe por el que optaban. El abogado se encargaba de la campaña, tenía una cierta infraestructura que recababa el voto y, por un precio que oscilaba entre los 12.000 y los 25.000 euros, conseguía que el representante de una empresa accediese al órgano de gobierno.