El Gobierno regula la doble comisión en los cajeros automáticos

El Gobierno ha tomado cartas en cuanto a la doble comisión en los cajeros automáticos, una cuestión que ha suscitado una fuerte polémica en las últimas semanas, después de que diversos bancos anunciaran que se disponían a cobrar comisión a sus clientes por sacar dinero en efectivo en cajeros de otras redes. Esta comisión adicional a los clientes queda prohibida. Pero con matices.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley para regular las comisiones por la extracción de dinero en efectivo en los cajeros de una entidad ajena al emisor de la tarjeta. El decreto establece que el banco propietario del terminal no podrá cobrar una comisión directamente al usuario, pero sí a la entidad emisora de la tarjeta. Esta entidad podrá deducir si repercute o no esta tasa al usuario, de forma total o parcial. En caso de que la repercuta, la pantalla del cajero deberá informar al usuario del importe.

En el caso de que la retirada de efectivo sea a débito, la entidad emisora de la tarjeta sólo podrá repercutir al cliente la comisión satisfecha al dueño del terminal, pero no podrá cobrar ninguna comisión o gasto adicional, según ha aclarado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tasa adicional en extracciones a crédito

Si la extracción de dinero es a crédito, el Gobierno contempla que la emisora de la tarjeta pueda cobrar un importe adicional a la tasa cobrada entre bancos, ligada a la concesión del crédito. Eso sí, esta cuantía no podrá superar al que la emisora cobra a sus clientes por sacar dinero en efectivo a crédito.

El Gobierno ha indicado que el propietario del cajero y el emisor de la tarjeta podrán pactar libremente la comisión a pagar por este último. En caso de que no alcancen un acuerdo, el propietario de la máquina fijará una tasa uniforme en todo el territorio nacional "y no será discriminatoria". La cuantía se podrá revisar cada año. "Se da seguridad y se protege al consumidor en una cuestión que estaba generando preocupación en la opinión pública", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La norma se publicará en el BOE y las entidades tienen de plazo hasta el 1 de enero de 2016 para adaptarse a esta nueva normativa.