PwC da un portazo en Andorra por el 'caso BPA'

El grueso de auditores de PwC que se encargaban de analizar los activos de Banca Privada de Andorra (BPA) en búsqueda de los activos tóxicos señalados por el Fincen, el organismo que lucha contra el crimen organizado del Tesoro de EEUU, han abandonado el Principado de un portazo. Según fuentes cercanas al bufete internacional, la experiencia en el país no ha sido precisamente gratificante por el papel ejercido por el Gobierno de Antoni Martí.

Se había anunciado la salida de efectivos por el estado actual de la investigación interna, que está en su etapa final, pero los efectivos que han dejado Andorra han superado los inicialmente previstos. PwC quiere marcar distancia de esta forma del resultado final del análisis de los activos, donde no está tan claro el presunto origen ilícito de los fondos con los que trabajaba el banco, según los mismos interlocutores. La firma internacional ha declinado hacer declaraciones sobre el proceso.

Borrador entregado

El Gobierno de Andorra tiene en su poder desde hace meses el primer borrador de la auditoría global de BPA, pero no la ha aprobado. Por ello, no está claro cuál será la información que finalmente se incluya en el documento. Ni tan siquiera si llevará finalmente la firma de PwC.

El grupo tampoco está contento con los retrasos en los pagos del Ejecutivo del Principado por su trabajo. El ministro de Economía, Jordi Cinca, manifestó la semana pasada en el Parlamento andorrano que el despacho internacional se embolsará buena parte de los 10,95 millones que el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF) presupuesta por el caso BPA.

Dos matizaciones

Después, en declaraciones a Crónica Global, Cinca matizó que el importe correspondía al presupuesto del organismo que depende de su departamento y que la factura de PwC se pagará con fondos del banco intervenido. Así constaba en el plan inicial de la toma de control por parte del Ejecutivo de la entidad de la familia Cierco.

La entrevista del ministro también fue matizada a posteriori por el propio ministro. Cinca declaró que el contrato firmado por la INAF se traspasó a la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) y que este organismo no ha podido pagar al bufete internacional porque no cuenta con un presupuesto aprobado. Según apuntó, ya que nunca lo manifestó de forma clara, BPA reembolsará luego ese capital a la AREB.

El problema es que en este escenario confuso, PwC aún no ha cobrado por los trabajos.

Mayores incertidumbres

Las discrepancias del Ejecutivo con PwC incrementa las incertidumbres que envuelven todo el caso BPA. La familia Cierco reclamó el pasado martes que el Gobierno frenara la intervención y su intención de traspasar los activos del banco a una entidad puente, Vall Banc, con el objetivo de venderlo a un tercero. Especialmente, por el litigio abierto en Estados Unidos contra el Fincen por la negativa al banco de operar con dólares (lo que en la práctica supone la exclusión del sistema financiero internacional) al tener sólo indicios de operaciones de blanqueo de capitales que nunca fueron discutidas directamente con los dueños del banco.